PATRICIA RAMIREZ

Foto: Cuartoscuro

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las modificaciones hechas a la legislación electoral de Sonora, que implican que el próximo gobernador o gobernadora solo durará tres años en el cargo, pues los ministros señalaron que la duración del cargo de gobernador pertenece al ámbito de libertad configurativa de las entidades federativas, siempre y cuando no se exceda del plazo máximo de seis años, previsto en la Constitución federal.

La Constitución local estableció que la elección de gobernador será concurrente con la elección de presidente de la República, por lo que el próximo periodo será más corto de lo usual.

Los ministros señalaron que durante el proceso legislativo que dio origen a los mencionados preceptos, no se cometieron violaciones de carácter invalidante y tampoco se cometió una violación al artículo 116, base IV, inciso n) de la Constitución federal, que establece la obligación para los estados de verificar al menos una elección local, en la misma fecha de alguna de las elecciones federales.

Ello, porque la modificación al calendario electoral analizado está dentro del ámbito de competencia de las entidades federativas y consideraron infundados los argumentos de los promoventes relacionados con la violación al derecho a votar y ser votado, en específico, por la reducción del periodo de seis a tres años, del cargo de gobernador que será electo en 2027. Señalaron que la Ley General de Partidos Políticos no es la base para determinar la regularidad del decreto analizado, sino que debe analizarse en términos de lo dispuesto por el
artículo 116 de la Constitución federal.

Además, la duración de dicho cargo –que se redujo para que la siguiente elección coincida con la presidencial–, pertenece al ámbito de libertad configurativa de las entidades federativas, siempre y cuando no se exceda del plazo máximo de seis años, previsto en la Constitución federal.

Asimismo, la reducción de dicho periodo, por única ocasión para el proceso electoral de 2027, busca empatar la elección del Poder Ejecutivo local con la federal.

La sentencia avalada establece que la reducción del periodo de la gubernatura es una previsión a futuro, que entró en vigor de manera previa al inicio de la veda electoral establecida en el artículo 105 constitucional, sin que afecte un cargo que ya haya sido electo por la ciudadanía.

Por ello, son infundados los argumentos relativos a la violación al artículo 134 de la Constitución Federal, el cual dispone que los recursos económicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Ello, en virtud de que, de una interpretación sistemática y armónica de los artículos 134 y 116 constitucionales, se desprende que las entidades federativas pueden celebrar elecciones para su gubernatura con una periodicidad menor a seis años, mientras que lo relativo a la idoneidad del período de tres años escapa al ámbito decisorio de La Corte, que debe de limitarse a verificar la regularidad constitucional de las cuestiones impugnadas