PATRICIA RAMIREZ

Foto: Cuartoscuro

En México, los índices de violencia contra adultos mayores son alarmantes y de acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), aproximadamente 16 por ciento han sido sometidos a alguna forma de abuso, aunque existe un subregistro, porque no todos los afectados denuncian.

Ante este panorama, la diputada del PRI, Melissa Estefanía Vargas Camacho, propone modificar el Código Penal Federal, para tipificar y sancionar el abandono de personas adultas mayores como delito en el capítulo en la materia, el cual actualmente sólo se refiere a menores de edad y cónyuges.

Plantea que al que abandono a un adulto mayor, teniendo obligación de cuidarlo, se le aplicará de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

Además, sin motivo justificado se abandone a un adulto mayor, sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, se le aplicará de un mes a cinco años de prisión, o de 180 a 360 días multa; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Según el más reciente Censo de Población y Vivienda, la población de 60 años y más pasó de 9.1 por ciento en 2010, a 12.0 por ciento en 2020, mientras que la población de cero a 17 años disminuyó de 35.4 por ciento a 30.4 por ciento en el mismo lapso. Es decir, hay más de 15 millones de personas residentes en el país que tienen 60 años y más.

Además, el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México señala que en 2020 se atendieron 863 casos denunciados por vecinos, familiares o de forma anónima. De esos, 32 por ciento fue por violencia psicoemocional, 31 por ciento por patrimonial y económica, 27 por ciento debido a omisión de cuidados y nueve por ciento relacionados con agresiones físicas, a los que se suman los casos de abandono.

Estipula que el delito de abandono de un adulto mayor se perseguirá a petición de la parte agraviada y al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un adulto mayor se le impondrán de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad si no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión, refiere que a pesar de que los derechos a favor de las personas adultas mayores se consagran en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, estos no se cumplen a cabalidad; por ello, se busca inhibir el abandono de los adultos mayores, a través de reformas al Código Penal Federal.

Una persona adulta mayor que es abandonado en la calle, en alguna institución o espacio público, hace frente a un futuro incierto. Cada anciano que termina por vivir en las calles representa la violación acumulada de varios de sus derechos fundamentales que no han sido garantizados por el Estado, como se establece constitucionalmente, señala.

Vargas Camacho expone que en México el 16 por ciento de las personas adultas mayores sufre rasgos de abandono y maltrato, su aislamiento es cada vez más patente en una sociedad inmersa en una creciente competitividad y caracterizada por los procesos de deshumanización en muchos sentidos.

“Este fenómeno desafortunadamente se ha visto incrementado, pues México está insertado en un proceso de envejecimiento de su población, que va de la mano de un decrecimiento de la población joven”, advirtió.

Acotó se estima que la esperanza de vida pasará de 75 a 79 años y la población de más de 60 años se incrementará de 15 millones a 33 millones, en 2050. Por eso se requiere proteger a esta población.

Actualmente, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas, contemplan la figura del abandono de adultos mayores como delito, pero el resto de las entidades federativas aún no lo ha previsto en sus legislaciones.