POR PATRICIA RAMÍREZ

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados denunció una nueva embestida contra las organizaciones de la sociedad civil, pues se pretende limitar las donaciones que se les pueden hacer, pues de acuerdo con la iniciativa de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrían dejar de percibir más de ocho mil millones de pesos que hoy destinan a la población en situación vulnerable.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, acompañado de diputados y representantes de organizaciones no gubernamentales, precisó que se propone que los donativos también se sujeten a la limitante global en las deducciones personales, lo que desmotivaría a personas físicas a apoyar a organizaciones de la sociedad civil ante la restricción para descontar estas aportaciones.

Moreira Valdez aseveró que el PRI revisará y darán la batalla en temas relativos al IVA, la inclusión de jóvenes al SAT y el campo.

“Si no les dan, que no les quiten”, destacaron por su lado los diputados federales Yericó Abramo Masso, Ana Lilia Herrera, Norma Aceves García, Melissa Vargas, Jaime Bueno, Blanca Alcalá, Ildefonso Guajardo y Laura Barrera, quienes evidenciaron que, con este tipo de acciones, el gobierno de Morena muestra su insensibilidad, una vez más, con la labor social que realiza la sociedad civil en favor de grupos vulnerables y en temas que conciernen y benefician a todos los mexicanos.

Precisaron que la modificación propuesta el 8 de septiembre de 2021 por el Ejecutivo federal, implica la limitación de los donativos de personas físicas a donatarias autorizadas, por la cantidad resultante menor a 5 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir 163 mil 467 pesos, o el 15 por ciento del total de ingresos del contribuyente, incluyendo los ingresos por los que no se pague impuestos.

Los legisladores estimaron que, de aprobarse estas modificaciones, implicarían una afectación a más de cinco mil organizaciones donatarias constituidas, por un total de 8 mil 221 millones 294 mil, 801 pesos, perjudicando acciones de asistencia jurídica, orientación en problemáticas de maltrato y violencia, apoyo a personas con discapacidad, y servicios médicos,  atención a procesos educativos de niñas, niños y adolescentes, ayuda en sus tratamientos médicos y hospitalarios, y apoyo en albergues y casas hogares.

Además, manifestaron su preocupación por la afectación que pueden tener personas en condición de discapacidad y las mujeres. Reclamaron que, durante los últimos tres años, el gobierno federal haya acorralado a estas organizaciones, reduciendo drásticamente sus recursos financieros. Indicaron que, aunque se trata de una medida que busca recaudar más impuestos, es poco lo que le representaría al erario y mucho para las organizaciones de la sociedad civil, ya que perjudicaría a dos millones de familias en condición de vulnerabilidad.

En conferencia de prensa, Tania Ramírez, presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim), calificó la propuesta del Ejecutivo como medida con efectos regresivos en términos de derechos humanos. Recordó que ya han desaparecido organizaciones desde que la actual administración decidió dejar de darles apoyo y dijo que 74 por ciento de las OSC reciben recursos en carácter de donatarias calificadas.

David Pérez Rulfo, presidente de Corporativa de Fundaciones, advirtió que la intención es un tema recaudatorio por parte del Ejecutivo, pero el gobierno no entiende que lo que se dona no es lo que el Estado deja de recaudar, ya que el trabajo de las OSC multiplicar 5 veces ese valor a la hora de ayudar. Kenji López, presidente de Cáncer Warrior dijo que a mayor trabajo de la sociedad civil hay tristemente mayor restricción.