Acusan inequidad de género en sentencias a mujeres presas, en relación con los hombres

PATRICIA RAMÍREZ

En México la inequidad de género también se refleja en el número de mujeres presas y sentenciadas, pues entre 2019 y 2020 17.9 por ciento de las mujeres encarceladas tenía sentencia, el 24.6 por ciento de los hombres ya contaban con ella, de acuerdo con datos de México Evalúa.

Ante este panorama, la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados, Gabriela Sodi Miranda, exhortó al Consejo de Judicatura Federal a que promueva entre las y los jueces del país, la aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

Detalló que de acuerdo con un análisis de la ONG Reinserta, las mujeres enfrentan un tiempo promedio de sentencia mayor (23 años) que los hombres (cinco años), sin importar el tipo de delito que hayan cometido unos y otras. Ello es reflejo más de la desigualdad puesto que las mujeres han sido severamente castigadas más por incumplir su rol tradicional en la sociedad que por su conducta delictiva.

Acusó que, de acuerdo con el Diagnóstico de las Mujeres Privadas de la Libertad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las condiciones de vida en reclusión de mujeres y varones son injustificadamente distintas, debido a que ellas se encuentran en mayor vulnerabilidad por razones de género, puesto que actualmente muchas enfrentan sentencias desproporcionadas con respecto a delitos en que los hombres son juzgados con menor rigor.
En este marco, refirió el caso de una mujer que está presa acusada de secuestro, mientras que su hermano, procesado por el mismo delito, fue liberado.

Por ello, solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atraiga el caso de Verónica Razo, sometida a prisión preventiva oficiosa desde junio de 2011 sin suficientes pruebas en su contra, ni elementos de riesgo para tenerla bajo esa circunstancia en tanto se dicta sentencia. No se han demostrado, dijo, las acusaciones en su contra por el delito de secuestro junto a su hermano Erick Razo, quien desde mayo de 2020 obtuvo su libertad.

Sodi Miranda advirtió la necesidad de que el Consejo de la Judicatura promueva que las y los juzgadores, apliquen los parámetros contenidos en el convenio de colaboración: Por una justicia cercana a la gente, signado por el ministro Presidente de la SCJN y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el que se estipula que el Instituto Federal de Defensoría Pública colaborará con autoridades capitalinas para brindar acceso a la justicia efectiva y de calidad, en beneficio particularmente de personas privadas de su libertad de manera preventiva y que el tiempo haya sobrepasado el límite constitucionalmente establecido.

Al referirse al caso de Verónica Razo, la legisladora federal precisó que han transcurrido 11 años desde que fue detenida fuera de su casa, obligada a declararse culpable tras haber sido sometida a tortura física, psicológica y sexual por parte de los agentes adscritos a la extinta Policía Federal, y sigue bajo el rango de la prisión preventiva oficiosa.

Aun cuando la Defensoría Pública solicitó el cambio a prisión domiciliaria, el juez octavo de distrito en el Estado de México desatendió la demanda bajo el argumento de que se carecía del documento de residencia actualizado, y haciendo a un lado la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, quien pidió la liberación de Verónica, señalando que su detención fue ilegal.