Ahora va AMLO por reforma petrolera; limitaría a IP

El presidente Andrés Manuel López Obrador busca por cualquier medio, antes de llegar a las reformas a la Constitución, que se ponga en marcha el decreto publicado sobre reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), pero en específico, recuperar el control del sector en todos sus rubros desde la exploración y producción, hasta la venta al público e importación y para ello envió un decreto de reforma a la Ley de Hidrocarburos, pero que de ser aprobada, se regresará al sector a las condiciones previas a la reforma estructural que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto.

Por ello, y tras la negativa del Poder Judicial de aplicar la reforma a la LIE, el Jefe del Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados dicha iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos para que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) suspendan de manera temporal los permisos de manejo, almacenamiento, transporte y distribución de concesionarios, “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

En una carta dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación envió la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos para fortalecer los procedimientos sancionadores, evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior al que pagaron y combatir el contrabando de combustibles.

Se indica que las reformas a los artículos 51, 53, 56, 57, 58 y 86 de la citada Ley, tienen como objeto fortalecer los procedimientos sancionadores y erradicar las conductas y hechos delictivos en materia de hidrocarburos que afectan la economía de las familias mexicanas, razón por la cual se considera pertinente robustecer el marco normativo para elevar las sanciones en caso de reincidencia”.

Según el texto que pretende sustituir a la reforma Energética de la administración pasada, propone la ocupación temporal y la intervención en las instalaciones privadas, y su control y operación  quedará en manos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, la autoridad podrá contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas”, según la modificación del artículo 57.

De esta forma, López Obrador destaca el rol preponderante que debe mantener la empresa productiva del Estado e insistió que en las pasadas administraciones la corrupción afectó el desempeño y en la eficiencia energética del país.

En la iniciativa, se considera importante que “las empresas productivas del Estado jueguen un papel más activo en el tratamiento y refinación del petróleo, el procesamiento de gas natural, y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como en el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, todas ellas actividades sujetas a los permisos que otorgue la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda”.

De ahí que, sostiene el presidente de México en su iniciativa, “se considera inadecuado dejar a la protección de dichas actividades en manos del sector privado ante riesgos inminentes a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

Y asegura que, la transición energética que experimenta el mundo tendrá “importantes consecuencias geopolíticas que podrán incidir en la capacidad del Estado mexicano para garantizar su seguridad energética y la estabilidad de las finanzas públicas”, que son correlativas a la economía nacional

Sostiene que estos riesgos ocurren con mayor frecuencia en los países que dependen de las exportaciones importaciones de combustibles, como lo es México.

Cabe señalar que entre los riesgos que justificarían la suspensión de los permisos a particulares están la protección de la nación frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otras naciones o sujetos de derecho internacional, y la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país.

En materia de almacenamiento de hidrocarburos, la iniciativa propone elevar a “rango legal” las disposiciones de la Política de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, modificada en 2019.

“Con el objeto de elevar a rango legal las disposiciones normativas establecidas en la mencionada Política de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, se propone establecer que los permisos que se otorguen a Petróleos Mexicanos a otras empresas productivas del Estado y a Particulares, con base en el Reglamento de la propia Ley de Hidrocarburos, esté sujeto a que el interesado demuestre que, en su caso, cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”, expone el mandatario.

Se plantea, además, diversos supuestos por los cuales los permisionarios podrán perder sus permisos en caso de reincidencia o incumplimiento de varias disposiciones aplicables a los hidrocarburos y petrolíferos, entre ellas, señala que todas las actividades relacionadas con el robo y comercialización ilícita de combustibles, la alteración en el volumen de combustible despachado en estaciones de servicio y en el precio.

También, se habla de la “negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos”, pues en el artículo 53 se propone modificar el sentido del silencio de la administración, para que en el supuesto de que haya transcurrido el plazo fijado para la expedición de los permisos sin que exista resolución expresa de la autoridad competente, en lugar de que se presuma que la solicitud respectiva ha sido aprobada, se entienda que la respuesta de la autoridad es en sentido negativo o desfavorable para el solicitante”.

Cabe señalar que, por instrucción de la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, la iniciativa se subió de manera inmediata a la Gaceta Parlamentaria.

Sin embargo, como la próxima semana no habrá sesiones por el Puente de Semana Santa, que sólo son el jueves y viernes de la próxima semana, será hasta el 7 de abril cuando en la sesión ordinaria, se informará que se le dio turno directo a la Comisión de Energía para su dictaminación, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.