PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados planteó que el adeudo en pensión alimenticia, sea considerado una forma de violencia económica.

La diputada Marisol García Segura explicó que es necesaria una modificación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 6, en la que se actualizará el régimen de sociedad conyugal referencia al pago de pensión alimentaria, además de que su desacato será considerado jurídicamente como violencia contra las mujeres.

Precisó que el panorama es desalentador y las cifras no mienten, pues de acuerdo con cifras oficiales del Inegi, en el país 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria.
Por ello, se pronunció para que ante la omisión total o parcial al otorgar esta pensión alimentaria, se considera una forma de violencia económica su incumplimiento.

Esta disposición, comentó la legisladora suma a la visibilización de la violencia contra las mujeres, pero desde un elemento fundamental, que es el económico, y se pronunció a inscribirlo en la norma jurídica.

García Segura agregó que su propuesta parte de la consigna que ha permeado la lucha por los derechos de las mujeres, “lo que no se nombra no existe”, en consecuencia, es momento dijo, de definir la violencia económica como una de las formas coercitivas que sufran las mujeres.

“Las violencias contra las mujeres han evolucionado, hay trampas jurídicas que han tomado formas cada vez más preocupantes, no solo son las agresiones físicas o verbales, sino las que se dan a través de la vulneración de los derechos de hijas, e hijos”, expuso.

Al respecto, la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Aleida Alavez Ruiz subrayó que existe consenso en que las deudas de pensión alimentaria constituyen una forma de violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes, pero la pregunta es si esas deudas también constituyen una forma de violencia contra las mujeres, en especial una modalidad de violencia económica y la respuesta es sí.

Recordó que existen precedentes jurídicos en el tema, con lo que se hace patente este tipo de violencia, mismo que debe ser reconocido pues con ello, avanzamos en un sentido más protector y garantista del estado de derecho.