PATRICIA RAMÍREZ

Foto: @Congreso_CdMex

Son cada vez más comunes en la Ciudad de México las denuncias de propietarios y vecinos por el despojo de sus inmuebles por parte de grupos violentos. De acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el delito de despojo de inmuebles creció 16.6 por ciento en 2021 y por ello se abrieron 3 mil 557 carpetas de investigación.

Las alcaldías que encabezan la incidencia en el ilícito son Iztapalapa con 548 carpetas de investigación, Cuauhtémoc con 420 y Gustavo A. Madero con 391, además de cuatro asesinatos en contra de personas que se resistieron a ceder sus predios.

Sobre este tema el presidente de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra del Congreso de la Ciudad de México, el priista Carlos Fernández Tinoco, explicó que, en el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal de la Fiscalía General de Justicia local, existe un capítulo denominado Tratamiento de la Denuncia Según el Delito, en el que se establece la atención especializada para despojo.

En dicho plan se menciona la identificación de conductas como el robo de identidad que consiste en suplantar ante notario, la identidad de propietario; la duplicidad de folios reales con la creación de un folio paralelo al original y la posible complicidad de personal del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para consumar el delito de despojo.

“Se debe corregir lo que haya que corregir y emprender las acciones legales a que haya lugar, pero sobre todo privilegiando la prevención e identificar áreas sensibles de riesgo y susceptibles de que se cometan posibles ilícitos”, sostuvo el diputado.

Por ello, la Comisión Permanente del Congreso local exhortó a la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Ernestina Godoy Ramos, a que, en el uso de sus atribuciones, investigue y lleve a cabo acciones que impidan los actos de despojo de inmuebles por parte de organizaciones, agrupaciones o particulares.

Asimismo, exhortaron al director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), Anselmo Peña Collazo, a implementar acciones que inhiban posibles actos de corrupción en los procesos de adquisición de inmuebles para la construcción de viviendas por parte de ese instituto.

Los diputados Federico Döring Casar y Aníbal Alexandro Cañéz Morales, señalaron que el valor promedio de un inmueble destinado a casa habitación en la Ciudad de México, para el año 2022, es cercano a un millón 330 mil pesos, lo que convierte al negocio inmobiliario en un área de oportunidad para aquellas personas que se dedican a lucrar con el patrimonio ajeno.

El diputado Jesús Martín del Campo señaló por su lado que en los últimos años se ha incrementado el número despojo de bienes inmuebles en la Ciudad de México; se acrecentó con la pandemia a causa del Covid-19, debido a que algunos capitalinos abandonaron sus propiedades para estar más cerca de familiares.  

El coordinador de los diputados del PRD, Víctor Hugo Lobo propuso por su lado aumentar las penas para el delito de despojo inmobiliario, para que los delincuentes purguen sentencias de entre y cinco diez años de cárcel y las multas se incrementen de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).  

Enfatizó que en la mayoría de los casos denunciados ante las autoridades judiciales los invasores operan en pandillas y utilizan la violencia física o moral, por lo que planteó que la pena crecerá una tercera parte si la víctima es considerada de atención prioritaria.  

Además, informes de la FGJCDMX, en lo que va del año ha iniciado mil 73 carpetas de investigación, 63 de ellas con detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público a 134 sospechosos, además de asegurar 100 inmuebles, de los cuales 38 fueron restituidos a sus propietarios.  

Del total de las carpetas de investigación iniciadas, solo pudieron judicializar el 5 por ciento, recuperando solo 9.3 por ciento de los inmuebles presuntamente despojados, pero sólo 3.5 por ciento fueron restituidos a sus legítimos propietarios. “Esto refleja la falta de eficacia jurídica para la persecución de este delito y, como consecuencia de ello, su disminución”, detalló Lobo Román.  

Añadió que otros casos son las viviendas incluyentes, donde se han detectado mafias al interior de las unidades habitacionales construidas por el Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México, las cuales aprovechan cualquier oportunidad para ocupar de manera furtiva departamentos al interior de las mismas, en algunos casos coludidos con las administraciones internas.