PATRICIA RAMÍREZ
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Diputados locales aprobaron elevar a rango constitucional la llamada ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, para garantizar que se prohíba el acceso a un empleo, cargo o comisión a violentadores y deudores alimentarios en la Ciudad de México.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político-Electorales aprobaron el dictamen que recoge las iniciativas de las diputadas Gabriela Quiroga Anguiano y Martha Soledad Ávila Ventura para reformar la Constitución de la Ciudad de México, en materia de violencia política de género. Esta deberá pasar al pleno en los próximos días.
El dictamen establece que en el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México se señalan los supuestos para negar acceso a los cargos públicos y candidatos y precisa que estos son contar con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo sicosexual delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Asimismo, que se encuentre inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. También se modifica el artículo 27 para determinar que “Asimismo deberá establecer los mecanismos necesarios para que los partidos políticos garanticen la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos.
La iniciativa de la legisladora Quiroga Anguiano tiene la finalidad de fortalecer el marco normativo para prevenir, atender y erradicar la violencia política en razón de género, a fin de asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito político.
El dictamen indica que, a pesar de diversos esfuerzos para combatir la violencia de género, esta sigue al alza, incrementando la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, por lo que la primera iniciativa dictaminada plantea la obligación de los partidos políticos de garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, a través de acciones afirmativas, financiamiento público y acceso a tiempos de radio y televisión en tiempo electoral.
Igualmente, plantea prohibir que la propaganda política se base en estereotipos de género, así como un requisito de elegibilidad, que consiste en no haber sido sancionado o sancionada por violencia política de género, en la ley electoral.
En el mismo sentido, la iniciativa presentada por la diputada Avila Ventura, busca establecer herramientas para erradicar la violencia ejercida hacia las mujeres; se integra como requisito de elegibilidad para contender a los cargos de elección popular, el no tener condena con sentencia firme por delitos contra la libertad y violencia familiar, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
En la discusión del dictamen, la diputada Gabriela Quiroga consideró importante el paso que da la ciudad para blindar de violentadores al servicio público. Aseguró que su grupo parlamentario no dará un paso atrás en la defensa de la violencia contra las mujeres y las infancias. También solicitó que en el dictamen se mencione a colectivos feministas, a fin de que ese movimiento sea visibilizado en el contexto de estas iniciativas.
El diputado Royfid Torres González opinó que el cuerpo del dictamen requiere modificaciones, pues no se integra el razonamiento que integra el criterio para un sólo ordenamiento.
El diputado Garrido López coincidió en agregar un considerando para subsanar las peticiones de las personas legisladoras Royfid Torres González y Gabriela Quiroga Anguiano.
