PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cámara de Diputados

Diputados federales aprobaron una reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para prevenir y evitar la venta de inmuebles destinados a vivienda que no cuenten, previamente, con las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes a la propiedad privada, a fin de garantizar la seguridad jurídica.

Los legisladores federales argumentaron que ante el aumento de casos en los que empresas inmobiliarias ofertan bienes inmuebles destinados para vivienda que no cuentan con los permisos, autorizaciones y licencias suficientes, los particulares han adquirido bienes que carecen de certeza jurídica.

Tal situación pone en riesgo su patrimonio, así como que muchas de estas construcciones irregulares no garantizan acceso a servicios básicos, comercios, espacios de usos colectivos, e incluso transporte, escuelas y servicios de salud.

De acuerdo con el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 (PNV), en México una de cada cinco viviendas presenta carencias en el acceso a alguno de los servicios básicos (agua potable, drenaje sanitario, energía, entre otros).

Además, una proporción incluso mayor tiene un acceso deficiente a servicios como alumbrado público (49.1 por ciento) y pavimentación (51.1 por ciento) en su entorno inmediato, sufriendo también de acceso limitado a equipamientos, transporte, áreas verdes y espacios públicos.

Así, corresponderá a los municipios y estados establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales, de prevenir y evitar la venta de inmuebles destinados a vivienda que no cuenten, previamente, con las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes.

La diputada Blanca Araceli Narro Panameño explicó que la vivienda es un espacio de seguridad, de construcción de lazos efectivos y desarrollo, es un derecho humano y representa el hogar, por lo que la adquisición de una vivienda propia es uno de los objetivos primordiales para la mayoría de las personas y es una legítima aspiración para asegurar el patrimonio y el futuro de las familias.

Agregó que, a pesar de su gran importancia, la carencia de calidad y espacios de vivienda afecta el 11.1 por ciento de la población, y la carencia de servicios básicos al 9.8 por ciento, situación que se agudiza cuando los desarrolladores ponen en preventa o en venta viviendas que no tienen las autorizaciones, trámites y licencias correspondientes, dando paso a construcciones irregulares que no garantizan el acceso a servicio básicos.