Angélica de la Peña
Escuchar oficialmente que no hay indicios de que estén vivos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, seguramente cimbró a sus madres y padres. La esperanza de ser encontrados con vida es un motivo que les ha movilizado estos 8 años hasta el cansancio.
Alejandro Encinas al dar el Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, señaló que los hechos que llevaron a la desaparición forzada de los 43 estudiantes, constituyó un crimen de Estado, y que en éste concurrieron integrantes de “guerreros unidos” y agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano, y enfatizó que autoridades federales, estatales y municipales “del más alto nivel fueron omisas y negligentes”, para presumiblemente, “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”. Y luego el Subsecretario excluye de “esas” autoridades del “más alto nivel” al expresidente Peña y al General Cienfuegos entonces Secretario de la SEDENA.
La verdad, que se pretendió sustituir con el escenario de un montaje para concluir una investigación y evitar costos al gobierno de Peña, no funcionó. Esa “verdad histórica” de Murillo, fundada en que los estudiantes desaparecidos fueron quemados en el basurero de Cocula, no había manera de ser científicamente sostenida. Porqué lo aceptó el Presidente Peña?
Quizá pensaron no eran importantes los estudiantes pobres de esta Normal Rural, o peor, como se establece en una de las 3 hipótesis, pudieron quizá estar algunos, involucrados en la bronca de las mafias. Hoy sólo especulamos sobre qué pasó por la cabeza de quienes montaron ese teatro. Pero el control de daños que se pretendió, no podo ocultar había fuertes intereses derivado del trasiego de droga como se evidenció, por cierto, en los informes tanto del GIEI, como de la recomendación que hizo la CNDH en su momento. Pero todo les salió mal y derivó en una crisis política afectando al Gobierno federal, y al partido en el poder, como se reflejó en la elección del 18. Este terrible hecho fue una equivocación peor que la ejecución extrajudicial de la masacre de Tlatlaya perpetrada meses antes.
El informe de la CoVAJ señala existen indicios suficientes, para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidad. La lista comenzó con la detención del ex procurador Murillo Karam y seguirán con Tomás Zerón y otras 83 personas entre ellas 20 de mandos militares. La investigación evidencia manipulación de la escena del crimen, pérdida y retención de información y datos de prueba, el sembrado de restos, y la acusación de tortura.
Aún hay preguntas sin respuesta. Una de ellas es porqué las policías municipales de otros municipios, se presentan esa noche, rafageando a los estudiantes con sus armas en otra jurisdicción distinta a sus municipios, y qué papel jugaron quienes en su momento eran sus jefes desde los palacios municipales. Esa noche fue de terror.
Ya es historia que la inconformidad con la “verdad histórica” derivó en la presión de familiares para que el caso llegase a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Es muy lamentable que ante la impunidad del Estado, las víctimas tengan que recurrir al derecho internacional. Pero no nos sorprendamos, los hechos de la semana pasada en varios estados, y las más de 100,000 personas desaparecidas, evidencian una vez más, la crisis del Estado.
