PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este lunes la primera parte del Plan B de la reforma electoral, con lo que desechó la petición del Consejería Jurídica de la presidencia de la República, que pedía congelar esa discusión hasta resolver las impugnaciones pendientes a esas normas, pendientes desde 2018.

En una sesión privada, los ministros determinaron que estas leyes, al ser de carácter electoral, tienen plazos perentorios para ser resueltos, ante la cercanía del inicio del proceso electoral federal.

Las impugnaciones que se desahogarán el próximo lunes se refieren a Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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En una sesión privada, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del poder judicial de la Federación, sometió a consulta de las y los integrantes del pleno de Corte, la solicitud de la consejería jurídica del Ejecutivo federal de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018, en contra del decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.

Por unanimidad, los once ministros y ministra determinaron que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral.

El pleno consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma, es decir la Ley General de Comunicación Social.

Además, precisó que el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad a la cual no se le dio el trámite de materia electoral, no ha sido entregado a la secretaría general de acuerdos.

De acuerdo con la Constitución y las leyes electorales, el proceso electoral federal arranca la primera semana de septiembre previo a la realización de las elecciones, por lo que no se pueden hacer reformas en materia electoral tres meses antes del inicio y en este caso el plazo legal vence el 2 de junio.