Marco Baños
La alianza opositora de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática pareciera haber entrado a terapia intensiva luego de la presentación de la iniciativa de reformas constitucionales que firmó la diputada Yolanda de la Torre, que propone extender de 2024 a 2028 la presencia de militares en labores de seguridad pública en el país y que sorprendió a propios y extraños.
El tema es de la mayor relevancia si consideramos que la alianza se constituyó para cumplir objetivos legislativos que blindaran al INE y al sistema electoral en su conjunto frente a la iniciativa presentada por el presidente de la república, además de buscar contrapesos a la inminente militarización de la seguridad pública y de ahí que hace dos meses anunciaran el acuerdo de “moratoria de reformas constitucionales”, que panistas y perredistas consideraron roto con la presentación de la iniciativa.
Las fracturas de la alianza están precedidas de un entorno desfavorable para el líder del PRI, dado que ya el cuatro de septiembre pasado, la cámara de diputados aprobó la integración de la sección instructora para abrir el proceso de desafuero solicitado en su contra, aunque Ignacio Mier declaró que será un procedimiento largo, lo que podría interpretarse como un amago permanente para presionar y lograr los anhelados votos de la fracción parlamentaria del PRI en las reformas que necesite Morena.
Esta vez se trata de un triunfo del presidente que desde el origen de la coalición se empeñó en derribarla. Recordemos como utilizó las mañaneras para criticar su conformación, para cuestionar a sus candidatos y “buscar” el voto en favor de las candidaturas de Morena. Luego de los misiles enviados desde el “martes del jaguar” se consigue fracturar los acuerdos por la iniciativa del PRI que confrontó públicamente a los líderes de los partidos de la oposición, dividió al propio PRI y pone en peligro su viabilidad para fines electorales en la antesala del inicio de los procesos electorales de los Estados de México y Coahuila.
La alianza opositora está en una encrucijada. Necesita encontrar fórmulas que le den viabilidad por la vía del cumplimiento de sus acuerdos parlamentarios y electorales, se trata de la única coalición que podría hacer frente con posibilidades de éxito al pesado aparato del oficialismo que tiene las miras puestas en el Estado de México, la entidad más grande poblacional y electoralmente, con más de diesisiete millones de habitantes y más de doce y medio millones de votantes.
Romper la coalición significaría atomizar el voto en las elecciones del 2023 en candidaturas individuales de cada partido que si bien no se anularían, sí se restarían votos mutuamente. No significa darle el triunfo en automático a Morena, pero sí incrementar sus posibilidades de éxito y darle mayores ventajas rumbo al 2024 en una sucesión presidencial adelantada, donde el presidente ha construido un camino que favorece ampliamente a sus presidenciables.
La iniciativa del PRI aún puede ser rechazada, votada en contra para restablecer el pacto aliancista, incluso para acercar las posiciones de los liderazgos internos de dicho partido. Cuestión de ver el desenlace y saber si los partidos dan o no por concluida una coalición que les dio resultados parlamentarios importantes como frenar la reforma eléctrica o triunfos electorales que los reposicionaron en el congreso. El hecho es que en este momento está fracturada y no se ve cómo recuperarla por más que las dirigencias priistas declaren como si no hubiera pasado nada.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
