POR RITA MAGAÑA

El complejo contexto político para su discusión dificultará la construcción de consensos entre la oposición y Morena para la aprobación de la reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el 28 de abril pasado.

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado titulado “Propuestas en torno a una nueva reforma político electoral”, establece que la mayor discrepancia entre los opositores y el partido en el gobierno está en la pretensión del titular del Ejecutivo Federal de crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en reemplazo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además de su propósito de que los consejeros del INEC y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos mediante el voto popular.  A lo que se suma su intención de desaparecer los organismos públicos locales electorales (OPLE’s).

El estudio refiere que el debate público en esta materia proviene desde el proceso electoral de 2018, hasta la revocación del mandato de abril de 2022.

Establece que en el primer año de la LXV Legislatura se han presentado 27 iniciativas constitucionales en materia electoral, incluyendo la enviada por el presidente de la República el 28 de abril pasado a la Cámara de Diputados.

La iniciativa presidencial entre otras cosas propone:

Crear un nuevo órgano electoral nacional, someter a votación la integración de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, reducir el financiamiento público de partidos políticos y disminuir el número de legisladores en las cámaras del Congreso y las legislaturas locales.

Por su parte, la oposición ha presentado iniciativas para dar nuevas facultades al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), impulsar el voto electrónico, la segunda vuelta para la elección presidencial y reconocer nuevas causales para la nulidad de procesos electorales, como la intervención de organizaciones criminales.

El estudio del IBD hace énfasis en la necesidad de que todas estas propuestas sean sometidas a estudios exhaustivos, en los que se incorporen resultados de evaluaciones, entre otro tipo de instrumentos técnicos y especializados en la materia que guíen de manera objetiva e informada el debate sobre el rumbo de una reforma político electoral.

Durante el periodo de 1977 a 2014 se produjeron 11 reformas en la materia. Ocho fueron de amplio alcance e implicaron reformas constitucionales legales: 1977, 1986,1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014.

Mientras que 3 cambiaron aspectos puntuales y requirieron sólo modificaciones legales, la de 2022, para establecer cuotas de género en candidaturas legislativas; la de 2003, para elevar los requisitos para formar partidos políticos y la de 2005, para regular el voto de los mexicanos en el extranjero.