PATRICIA RAMÍREZ
Foto: TEPJF
La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Congreso de Nuevo León deberá elegir a un nuevo gobernador interino, luego que fue descartada la posibilidad de que sea el presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas, fue designado en ese cargo.
La magistrada electoral Janine Otálora Malassis reconoció la competencia del Congreso local de nombrar al gobernador interino, pero propuso y se aprobó revocar el nombramiento del magistrado con licencia como gobernador interino, al determinar que existe una prohibición expresa, prevista en la Constitución local, consistente en que las magistraturas del Poder Judicial local y las personas servidoras públicas del estado están impedidas para ocupar cualquier cargo en el gobierno.
Detalló que esto es consistente con el artículo 116 de la Constitución federal, que prevé el sistema de separación de poderes a través del cual se garantizan los principios de independencia, autonomía, certeza e imparcialidad, que son necesarios para el desarrollo de las funciones de gobierno.
Además, se dejó sin efecto la decisión de la primera dala unitaria civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado ante la falta de competencia del órgano, porque el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los nombramientos de la persona gobernadora, con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho, corresponden a la materia electoral.
Asimismo, se validó que el Congreso local tiene la facultad para hacer el nombramiento de la persona que ejercerá la gubernatura de forma interina, luego de que la licencia del gobernador Samuel García entra en vigor el 2 de diciembre.
Y es que, el pasado 25 de octubre el Congreso de Nuevo León le otorgó a Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de dicha entidad, una licencia temporal y, como gobernador interino, nombró a José Antonio Salinas Garza, magistrado con licencia.
Al respecto, la Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado admitió una controversia constitucional local y en ella se ordenó la suspensión del acto impugnado dejando vigente el nombramiento del gobernador interino.
Acciones afirmativas
En otro caso, los magistrados revocaron el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), que determinó las medidas afirmativas aplicables para los grupos en situación de vulnerabilidad, para el registro de las candidaturas al Congreso federal que soliciten los partidos políticos nacionales y coaliciones para el proceso electoral federal 2023-2024.
El asunto se originó a partir de la emisión del acuerdo por parte del INE, por el cual se estableció el número de fórmulas que deberán postular los partidos políticos, tanto para las diputaciones como para las senadurías de las personas indígenas, así como de personas afromexicanas, de la diversidad sexual, mexicanas residentes en el extranjero, con discapacidad y en situación de pobreza. En contra de ello, se presentaron 104 demandas ante la sala superior.
El pleno revocó el acuerdo impugnado debido a que el modelo propuesto por el INE para este proceso, disminuía los espacios que les fueron otorgados en el proceso electoral 2020-2021. Con esto, el acuerdo del INE vulneró los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos.
Por tanto, se le ordenó al INE emitir un nuevo acuerdo en el que retome las medidas implementadas en el proceso electoral y, atendiendo a la densidad de la población indígena, defina los distritos en los que se reservarían para las personas pertenecientes a comunidades indígenas.
