AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

En su tarea de revisión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Congreso de la Unión debe trabajar en reducir los riesgos y propiciar una mayor coordinación entre las políticas monetaria y fiscal, en beneficio de la estabilidad y la reactivación económica a futuro.

Así lo aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que en su análisis semanal sostiene que el programa fiscal para el año próximo contiene diversos riesgos para la transición política y sobre todo para el nuevo gobierno que tomará posesión en octubre. Además, “es incongruente con el objetivo de estabilidad de precios de la política monetaria y dificulta la consecución del objetivo de la tasa de inflación plasmado en el Programa Monetario del Banco de México”.

En este sentido, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acusó que en México hay una falta de coordinación entre ambas políticas, ya que “el objetivo de la política monetaria es el combate a la inflación, que persiste elevada -en agosto la inflación anual alcanzó 4.64% y la subyacente 6.08%-.

“El mantener sin cambio la tasa de referencia del Banco de México en 11.25% implica que la junta de gobierno no está aún convencida de que las presiones inflacionarias han sido ya controladas. La tasa de política monetaria es el instrumento con el que cuenta el banco central para el control de la inflación.

Consecuentemente, la tasa de interés es elevada. En términos reales -es decir, deduciendo de la tasa de política actual la expectativa de inflación del 2024 (4%)- la tasa real alcanza 7%, que es sumamente alta.

De esta forma, observó, se intenta disuadir el gasto de empresas y hogares, al ser más caro el crédito y más rentable el ahorro, y con ello reducir la presión inflacionaria, además de generar expectativas de menor inflación.

Explicó que la descoordinación de políticas –en este caso la monetaria y la fiscal-, “se da porque mientras la monetaria intenta disuadir o posponer el gasto o la demanda de empresas y personas, la política fiscal lo alienta”.

Señaló que el proyecto de presupuesto federal para 2024 es expansivo; contiene un aumento del gasto público muy elevado, mucho más alto que la previsión de ingresos y con el mayor déficit de los últimos 25 años; por lo que estimula el gasto agregado, contrariamente al propósito de la política monetaria.

“La falta de coordinación entre las políticas en cuestión es un obstáculo para la reducción de la inflación hacia el objetivo de 3.0% más/menos un punto porcentual. Pero las consecuencias no terminan ahí.

“Por el lado monetario, la necesidad de mantener las tasas de interés tan elevadas, frente al impulso fiscal al gasto agregado, encarece el crédito a las empresas y de una manera regresiva. Las altas tasas de interés actúan en detrimento del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)”.

De ahí que, puntualizó, para los corporativos grandes el efecto es menor que para las Mipymes, que alojan a la mayoría de los empleos y, muy importante, deberían tener más oportunidades de crecer para ser más productivas y aumentar así la concurrencia y la competencia en las industrias. Esto, en beneficio final de la economía en su conjunto.

Dependiendo de la solidez de la empresa, normalmente se carga un diferencial que se relaciona con el riesgo; y “naturalmente, -puntualizó el CEESP-, las Mipymes representan un mayor riesgo y enfrentan entonces un mayor costo que los grandes corporativos”.