MARCO BAÑOS

El reciente desenlace en el senado sobre la iniciativa de reforma constitucional presentada por la diputada Yolanda de la Torre para ampliar el periodo del ejército en apoyo a tareas de seguridad pública provocó dos declaraciones del presidente de la república que podrían sintetizarse en la coloquial expresión `la iniciativa va porque va´. En efecto, el pasado 22 de septiembre en la mañanera declaró que si no se aprueba la volverá a presentar y, al día siguiente, sostuvo que lo mejor será realizar una consulta para saber qué opinan los ciudadanos.

Llama la atención que afirme que la volverá a presentar, asumiendo su autoría, aunque haya utilizado la vía del PRI. Luego nos dice que es más adecuado realizar una consulta pero que no sea el INE quien la organice sino la secretaría de gobernación. Otra vez azuza el debate público sobre la legalidad y los efectos de las consultas al estilo 4t. El primer mandatario sabe que el articulo 35.VIII constitucional encarga su organización al INE y prevé las reglas a las que deben sujetarse las consultas populares.

Conforme a las normas aplicables las consultas pueden ser convocadas a petición del presidente, del congreso cuando se tenga el respaldo de al menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las cámaras y sea aprobado por la mayoría de ambas, o bien, cuando el dos por ciento de las personas inscritas en los listados nominales de electores lo soliciten.

Pero en la base constitucional también hay restricciones sobre materias que no son susceptibles de consulta, entre otras “…la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente…”; además, la o las preguntas que se pretenda someter a consulta, deben ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta se pronuncie sobre su constitucionalidad y sobre si es o no trascendente para la nación.

Conocemos las lamentables confrontaciones públicas sostenidas entre el INE y el oficialismo sobre los presupuestos que se requerían y nunca se otorgaron para organizar la consulta del 2021 y la revocatoria del mandato de 2022. Justo por ello, el presidente decidió proponer que sea la secretaría de gobernación la que organice la consulta, al margen de las atribuciones del INE y con un mecanismo más flexible que no implique la logística que exige la constitución y la ley.

Coincido en la necesidad de recabar la opinión de la ciudadanía para decidir sobre los temas de importancia nacional, pero para ello hemos diseñado mecanismos de democracia participativa directa, que deben implementarse por la autoridad electoral para darles confiabilidad y seguridad, bajo los mismos principios y la calidad de las elecciones mexicanas. Flexibilizar su organización, quitarle el carácter vinculante sujeto a un porcentaje de participación, hacerlo a través de una instancia distinta al INE, es simplemente inobservar la ley.

Para el oficialismo se ha vuelto costumbre buscar subterfugios, un método usual de actuación no cumplir la constitución y las leyes, darle al traste al Estado de derecho. Las consultas no pueden preguntar sobre las fuerzas armadas, así de sencillo. El presidente debería ser ejemplo de apego a la ley.

Hay muchas formas para armonizar los mecanismos de democracia directa con nuestra vida cotidiana y hacerlas más baratas y sencillas, cuestión de tener voluntad política para convivir con la autoridad electoral y dotarla de facultades para usar, en estos casos, plataformas de voto electrónico en su modalidad por internet.

Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.

@MarcoBanos