AIDA RAMÍREZ
Foto: Cortesía INAI
De acuerdo con Open Contracting Partnership, alrededor del 60 por ciento de los sobornos transnacionales están relacionados con las contrataciones públicas, señaló el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez.
Asimismo, comentó que en el Índice de Transparencia en Contratación Pública del Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información, México ocupa el lugar 28 de 42 países, lo que evidencia la necesidad de transparentar cómo y cuándo se realizan las contrataciones.
“Como sabemos, los contratos públicos también son altamente vulnerables a la corrupción; una de las razones es la complejidad que implica un procedimiento de contratación y también esa delgada línea de interacción entre el servicio público y las empresas privadas durante las transacciones comerciales; de acuerdo con una estimación de la Open Contracting Partnership (OCP), alrededor del 60 por ciento de los sobornos transnacionales están relacionados con las contrataciones públicas”, explicó al atestiguar el convenio sobre Contrataciones Abiertas en el Congreso estatal de Quintana Roo y el inicio del Plan DAI (Red Local del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información).
Ante ese reto, señaló que el INAI promueve la política pública de Contrataciones Abiertas, que es un esfuerzo internacional impulsado por la OCP, que busca incrementar la oferta y calidad de la información pública relacionada con los procedimientos de contratación que realizan todos los órdenes de gobierno y los Poderes.
Asimismo, Alcalá Méndez destacó que se trata de la primera ocasión en que un Congreso se suma a esta iniciativa, la cual tiene presencia en 40 sujetos obligados de todo el país y abona al combate a la corrupción.
En cuanto a la instalación del Plan DAI, forman parte el organismo garante de Quintana Roo, así como la organización Somos Uno Quintana Roo, y las Universidades Autónoma del Estado e Intercultural Maya de Quintana Roo, además de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de esa entidad, y se han sumado por cuarto año consecutivo al Plan.
El comisionado Adrián Alcalá detalló que dicha estrategia “tiene por objeto pasar del ejercicio del derecho, a utilizar el derecho de acceso a la información como una herramienta que ayude a cualquier persona y a las organizaciones a tomar mejores decisiones, que estén más informadas, así también como resolver problemáticas de las más diversas: desde el agua potable, el alcantarillado, recolección de basura, servicio de salud, etcétera; las problemáticas son tan diversas como el imaginario lo es. Para resolver estos problemas, es a través del uso y el aprovechamiento de los datos y la información que se encuentra en posesión de todas las instituciones públicas”, señaló.
