PATRICIA RAMÍREZ

Foto: @INEMexico

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que la liquidación de los miles de trabajadores que tendrán que ser despedidos por la implementación del Plan B de la reforma electoral, por lo que no habría el ahorro que prevé el gobierno federal.

“El total de plazas que la reforma electoral esfuma son casi seis mil.

En un primer cálculo cuánto vamos a tener que pagar, cuánto va a tener que pagar el Instituto por la liquidación de esas de esas seis mil, casi seis mil plazas: tres mil 500 millones de pesos.

¿Dónde está el ahorro que se buscó con la pérdida de las capacidades institucionales que supone la desaparición de las plazas?”, señaló.

Al participar en el seminario El Plan B Electoral: ¿Equidad, Austeridad o Incertidumbre”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que aún no de publica esta segunda parte de la reforma electoral, que fue aprobada por el Senado el miércoles, pero el INE está listo para emprender todas las acciones jurídicas a su alcance para impugnarlas.

Insistió en que este ha sido un atropello no solamente en términos políticos, la imposición por primera vez en 30 años de reglas electorales por una mayoría de manera unilateral, sino que tiende a los intereses de parte, intereses en este caso del gobierno, y no a una demanda de mejora de las reglas electorales.

Córdova Vianello precisó que el fondo de esta reforma electoral es regresarle al gobierno en control de las elecciones, como hace 30 años, porque se desmantela una estructura profesional que ha garantizado elecciones libres y equitativas en los últimos años.

Explicó que en el caso del voto de los mexicanos en el exterior, se plantea que voten con el pasaporte y no con la credencial de elector, lo que pone en manos del gobierno el control de ese padrón. Además, se eliminan vocales en juntas distritales, con lo que, por ejemplo, un solo vocal tendría que supervisar 75 módulos electorales, poniendo con ello en riesgo el padrón electoral.

Asimismo, alertó que la equidad en la contienda también está en riesgo, pues todo lo que hoy está prohibido en la Constitución ahora es válido según la ley.

Es decir, la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos opinen, intervengan en el debate electoral, principio de neutralidad, que queda descartado.

“El Plan B dice que eso es ejercicio, que sí se va a valer en ejercicio de su libertad de expresión.

De nuevo, los derechos humanos son para los ciudadanos, para las personas, no para los gobernantes.

Los gobernantes en su calidad de gobernantes no tienen derechos humanos, tienen responsabilidades y obligaciones”, sentenció en su ponencia.

El presidente del INE, al que le queda poco más y medio de gestión, señaló que en estos nueve años de su gestión el INE ha organizado 331 elecciones, incluyendo las del domingo pasado en Tamaulipas, que una vez más son prueba de un sistema electoral eficaz, funcional e impecable desde el punto de vista organizativo.

Ante especialistas en la materia, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le enmiende la plana a esta reforma y no permita que se pongan en riesgo las elecciones de 2024.