POR RITA MAGAÑA

El Covid-19 disparó los trastornos mentales en la población, se estima que la pandemia provocó un incremento de hasta 5 veces este tipo de mal, por lo que es necesario reorganizar servicios para fortalecer la atención de quienes ya lo padecen e implementar acciones preventivas de salud mental pública.

Así lo establece una investigación publicada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), que señala que la salud mental no depende solo de determinadas características individuales, sino de la prevalencia e interacción de factores socioeconómicos, culturales, políticos y ambientales.

Por ello, hablar de salud mental es hablar de salud integral y también de acciones preventivas de salud mental pública.

El estudio titulado “Covid-19 y el derecho a la salud mental”, elaborado por la investigadora Concepción Torres Ramírez, apunta la ausencia de acciones preventivas en salud mental; el propósito fundamental de la legislación de salud mental es proteger, promover y mejorar la vida y bienestar mental de los ciudadanos.

Indica que representando un medio importante para llevar a cabo las metas y objetivos de una política de salud mental, por lo cual debe precisar el establecimiento de instalaciones y servicios de salud mental de alta calidad, acceso a la atención, protección de derechos humanos, derecho a recibir tratamiento y promoción de la salud mental en la sociedad. 

El documento del IBD destaca que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha propuesto un plan de acción para la prevención y atención de trastornos mentales en situaciones de emergencia.

Precisa que se contemplan acciones como la descentralización de los servicios de salud mental y el desarrollo de una red de servicios, la participación social, la coordinación intersectorial y el abordaje de derechos humanos.