Creel presenta controversia constitucional contra decreto sobre obras presidenciales

1, junio 2023

AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El panista Santiago Creel Miranda, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del decreto del Ejecutivo Federal, del pasado 18 de mayo, que considera como de seguridad nacional e interés público la construcción y operación de determinadas obras de infraestructura de transportes.

“He presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del Presidente que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional, y con ello negar la información a que tienen derecho todas y todos los mexicanos”, dijo en un mensaje.

El legislador federal explicó que su solicitud ante la SCJN es porque el gobierno federal busca negar a todos los mexicanos la información a la que tienen derecho, sobre la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

“Se trata de un acto arbitrario del Presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad”, señaló Creel Miranda.

Y acusó que el primer mandatario no quiere que los mexicanos tengamos información de si su actuación se está administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Señaló que, si el Ejecutivo Federal insiste en expedir un nuevo decreto o acuerdo, como el publicado en noviembre de 2021, y que fue invalidado por la Suprema Corte el 18 de mayo pasado, “de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados, volveré a impugnar su actuación, y así lo haré las veces que sean necesarias”.

Cabe recordar que el presidente López Obrador publicó el decreto apenas cuatro horas después de que los ministros de la SCJN declararon inconstitucional un primer acuerdo presidencial casi idéntico y con los mismos fines, el 18 de mayo de este año.