POR PATRICIA RAMÍREZ

*Es un retroceso en materia de facultades de los estados

*No establece responsabilidad final para productores

Especialistas y representantes de grupos ambientalistas criticaron las minutas de la ley de Economía Circular y reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que regula los plásticos de un solo uso, que se analizan en la Cámara de Diputados, porque, dijeron, representan un retroceso a los avances alcanzados en los últimos 20 años y no resuelven el problema de la falta de manejo de desechos en el país.

Las minutas del Senado sobre estas leyes llegaron al palacio legislativo de San Lázaro en noviembre del pasado y aún siguen en análisis en comisiones. La Ley General de Economía Circular busca expedir una legislación especializada que distribuya competencias entre los tres órdenes de gobierno para lograr la circularidad en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Asimismo, plantea transitar de una economía lineal a una economía circular, a fin de hacer un uso sustentable de los recursos naturales que sirven de materia prima para cualquier actividad productiva, de tal forma que la vida útil de los materiales se prolongue a través del tiempo antes de que se conviertan en residuos.

En tanto, la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos busca regular el uso, generación y manejo de plásticos de un solo uso, proponiendo restricciones y metas para el uso y reciclaje de algunos productos y materiales.

Al respecto, América Katia Cid Bouchán, de la Alianza México Sin Plástico (AMSP), subrayó que cada día en el país se generan 120 mil toneladas de residuos, por lo que planteó que se debe entender que el reciclaje no es la solución.

Agregó que, además, la pandemia vino a agravar el panorama, pues se calcula a nivel nacional creció al menos 3.3 por ciento la generación de residuos, mientras que algunos municipios registraron incrementos de hasta 300 por ciento.

Afirmó que las propuestas planteadas por las minutas representan un retroceso en cuanto a las legislaciones locales, además de que no consideran regresar los materiales al principio del diseño del producto.

Asimismo, sentenció que 90 por ciento del agua embotellada que consumimos contiene partículas de plástico, por lo que ya no es recomendable que las botellas se rellenen nuevamente.

La ambientalista detalló que 46.2 por ciento de los residuos son orgánicos que podrían aprovecharse, 31.56 por ciento son reciclables, lo que implica que 77.98 por ciento no son basura sino material aprovechable, mientras que 22.03 por ciento no son reciclables ni compostables.

Cid Bouchán acotó que la reforma legal que se analiza va contra los avances que hay en muchos estados, además de que la economía de reciclaje no contempla regresar los productos hasta el principio.

En tanto, Alethia Vázquez Morillas, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que en principio es necesaria la identificación de productos plásticos de un solo uso innecesarios y problemáticos susceptibles de prohibición. También, la emisión de normas que definan los mecanismos para la identificación, certificación, trazabilidad, uso y manejo en el fin de vida de productos plásticos compostables, reusables y reciclables.

Pero advirtió que en esta iniciativa hay errores incluso en los términos y conceptos, sobre todo lo que tiene que ver con la degradabilidad de os residuos.

Ante esto, propuso identificar productos de plástico de un solo uso innecesarios y problemáticos susceptibles de prohibición, lo cual debe hacerse desde el nivel federal, pues los municipios no tienen capacidad para analizar todos los aspectos y el resultado son regulaciones inefectivas.

Además, consideró que en esta materia debe haber una responsabilidad compartida y extendida del productor y también de importadores, dueños de marca y otros actores que participan en este proceso.

Julio César García Vergara, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, consideró que las propuestas que hoy se analizan son un retroceso en las facultades que se les había otorgado a los estados en materia de regulación de los residuos sólidos, por lo que propuso revisar la legislación, pues ya está contemplada la economía circular para alargar la vida de los residuos.

Alejandro Pagés Tuñón, especialista economía circular, dijo que estas minutas no definen el rol para impulsar la transformación, ya que carecen de las bases y normas para lograrlo, no cuentan con mediciones para el impacto ambiental que permita identificar el inventario de desechos sólidos, líquidos y de emisiones a la atmosfera, además de que no impulsan ni promueven la economía circular en las distintas esferas de gobierno.

La presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, Edna Gisel Díaz Acevedo, señaló que con estas leyes se busca estimular el desarrollo económico a través de la valorización de residuos como fuentes de materias primas y secundarias, erradicar la destrucción de valor del residuos y obsolescencia programada de los productos en las cadenas económicas.

Además, la responsabilidad o no de la cadena productiva extendida de los productores, la integración de estas cadenas económicas de las personas dedicadas a la recolección de residuos para pasar a la economía forma, las acciones de esta economía circular para mitigar el cambio climático.

De igual forma, la debida distinción de las facultades locales y federales en materia de economía circular y de gestión de residuos, la competencia de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el desarrollo tecnológico para el reciclaje, la reutilización y el rediseño de productos basados en la economía circular, todo ello con el fin de transformar ciudades sostenibles y sustentables.