RICARDO MONREAL
El 10 de agosto pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer las estimaciones de pobreza tridimensional 2022 a nivel nacional y por entidad federativa. El periodo de análisis va de 2018 a 2022 y toma en cuenta las implicaciones económicas y sociales de la pandemia de COVID-19.
Entre algunas de las estimaciones que presenta el estudio se encuentran que la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó del 41.9 % al 36.3 %; la parte de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria) pasó del 49.9 % al 43.5 %; la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes, pasó del 14.0 % al 12.1 %; de 2020 a 2022, la población en situación de pobreza bajó de 55.7 a 45.8 millones de personas, entre otras cifras.
Sin embargo, la proporción de la población en situación de pobreza extrema permaneció en niveles similares: un 7.0 % en 2018 y un 7.1 en 2022 (lo cual, empero, es atribuible a la pandemia, como lo ha recordado el presidente López Obrador).
Las personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasaron del 16.2 % al 39.1 %, debido a que en la encuesta del Coneval se consultó a una parte de la población que ya no estaba afiliada o no contaba con credencial del Seguro Popular, mecanismo asistencialista eliminado en este gobierno, y que fue sustituido por el programa IMSS Bienestar, de acceso universal y gratuito, y al cual se han adherido ya 22 estados federados. Además, la proporción de la población con rezago educativo pasó del 19.0 % al 19.4 %.
En general, las estimaciones de pobreza tridimensional del Coneval son alentadoras, aunque se deben realizar mayores esfuerzos para revertir los desafíos que ahí se reflejan.
Los programas sociales del Gobierno federal ayudan enormemente al combate a la pobreza. Las transferencias directas que los facilitan, aunadas a otras políticas, como el aumento al salario mínimo, se dirigen a ese objetivo.
Para continuar con la Transformación, es importante seguir caminando hacia una economía social. Esto significa que, a fin de conseguir niveles dignos de bienestar económico para toda la población, el Estado está obligado a desempeñar un papel central en la economía y a servir de contrapeso a las desigualdades del sistema económico: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, para promover y asegurar un ordenado flujo de mercado en beneficio de todas y todos, pero particularmente de las personas en mayor situación de pobreza.
Se debe revisar el gasto social no sólo para ampliarlo, sino para hacerlo más eficiente, sin soslayar el necesario impulso al Ingreso Básico Universal, que ya es utilizado en otros países, y el cual será diferenciado por región, así como por su ubicación (rural o urbana).
La generación y distribución de la riqueza para mejorar el bienestar de la ciudadanía es una tarea de corresponsabilidad entre la sociedad y el poder público. Con el objetivo de enfrentar los nuevos retos, se debe analizar la pertinencia de crear un Consejo Económico Nacional, como un órgano de asesoría de alto nivel que dote al Poder Ejecutivo de opiniones técnicas en materia económica.
Es preciso señalar que coincidimos con el sector empresarial en el concepto de Creación de Valor Compartido (definición de Michael E. Porter y Mark R. Kramer), según el cual las empresas generan ese valor cuando incrementan su competitividad, a la vez que mejoran las condiciones sociales y económicas en las comunidades en donde operan.
El combate a la pobreza en México ha ido progresando desde 2018, aunque siempre existen retos que deben ser resueltos. Para ello, se requiere mirar al futuro y tomar acciones que involucren a todos los actores y que, sobre todo, beneficien a quienes más lo necesitan.
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