POR PATRICIA RAMÍREZ
La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inválida la consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador por haber registrado únicamente 17.75 por ciento de participación ciudadana, muy por debajo del 40 por ciento requerido por la ley para que fuera vinculatoria y aseguró que la intervención de actores políticos y el poder Legislativo puso en riesgo la integridad del proceso.
“No ha lugar a emitir la declaratoria de validez del proceso de revocación de mandato del titular del poder Ejecutivo federal electo para el periodo constitucional 2018-2024, al no haberse alcanzado el porcentaje mínimo de participación exigido por la Constitución general”, señala la sentencia avalada con voto dividido.
El proyecto presentado por el presidente del Tribunal, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que en la consulta se emitieron 16 millones 502 mil 636 votos, una participación ciudadana de 17.77 por ciento del total de personas inscritas en la lista nominal de electores.
Se registraron 1 millón 63 mil 209 votos por la opción “que se revoque el mandato por pérdida de la confianza, mientras que por la opción que siga en la presidencia de la República” hubo 15 millones 159 mil 323 votos.
Sin embargo, durante la discusión del tema los magistrados electorales difirieron sobre las afectaciones a la integridad del proceso por la intervención de actores políticos y las trabas presupuestales a las autoridades electorales, que se incluyeron en la argumentación de la sentencia.
El documento avalado en sesión pública señaló que se advierte que los hechos y conductas denunciados por los inconformes en juicios que llegaron al Tribunal afectaron la calidad del proceso democrático desde la perspectiva de integridad electoral.
No obstante, reconociendo que este procedimiento no es la vía idónea para pronunciarse sobre las presuntas irregularidades, se dio vista a instituciones para que en ejercicio de sus atribuciones y obligaciones investiguen y, en su caso, impongan las sanciones correspondientes.
Las instancias son la unidad técnica de lo Contencioso Electoral del INE, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.
