Rogelio Ramírez de la O, es ya formalmente el Secretario de Hacienda y Crédito Público y en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dejó en claro dos aspectos centrales de su encomienda: Mantener la austeridad en el gasto e incrementar el desarrollo social.
Positivos ambos objetivos bajo el fortalecimiento de cuatro rutas marcadas.
Primero, contribuir a la inserción laboral con seguridad en unidades económicas de todo tamaño.
Segundo, trabajar con otras Secretarías para promover prácticas comerciales en igualdad de oportunidades, para disminuir la dependencia de mercados externos e incrementar el consumo local.
Tercero, apoyar todas las acciones conducentes a lograr precios equilibrados en toda la cadena productiva.
Cuarto, coadyuvar a mejorar las condiciones de los negocios, simplificando los trámites y los costos para apertura y operación.
En general fue bien recibido el mensaje del nuevo titular de las finanzas nacionales, quien planteó a la baja el pronóstico de crecimiento económico de este 2021 para dejarlo en 6% anual contra un 6.25 del que había hablado su antecesor, Arturo Herrera.
Para México es indispensable el crecimiento económico y un mayor desarrollo no sólo social sino también en todos los rubros productivos del país para lograr sacar de la pobreza a quienes han sido víctimas de los nocivos efectos de la pandemia por COVID-19.
Las cosas no son fáciles, pero hay una ruta definida a seguir.
SUSURROS
Para proteger el poder adquisitivo de los mexicanos, el pasado 29 de julio, el Diario Oficial publicó el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (CREE) que regula los precios máximos de gas licuado de petróleo, sin embargo, esta alentadora medida es ya boicoteada por los gaseros “comisionistas” que, sin más, se lanzaron a un paro de distribución.
Es evidente que esta suspensión en el servicio de gas doméstico por parte de los gaseros esta alentada por las empresas que se oponen a que el precio baje de los 15.39 pesos por litro de gas LP a un máximo de 11.52.
El propio presidente López Obrador tuvo que sostener que garantizará el abasto a través de la Secretaría de Energía y de Pemex; y se definirán los delitos en que se incurre al negar la venta de gas por parte de los distribuidores y comisionistas. La guerra está abierta.
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