PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
El Instituto Nacional Electoral (INE) sufre un embate presupuestal que no es nuevo, aunque en este sexenio se ha intensificado de manera importante.
Y es que en cuatro años del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados al organismo electoral fue inferior a lo solicitado por el órgano autónomo. En promedio, le fueron aprobados 23 mil 100 millones de pesos, cuando solicitó 23 mil 600 millones de pesos, un 1.7 por ciento (409 mdp) menos cada año.
Sin embargo, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha apretado el cerco presupuestal, pues las restricciones económicas se han cuadruplicado para el INE.
El Instituto ha solicitado 24 mil 700 millones de pesos en promedio, pero ha recibido sólo 22 mil 600 millones de pesos, 8.7 por ciento menos, esto es, alrededor de 2 mil 100 millones de pesos cada año.
A unos días de que se discuta y previsiblemente se rechace una reforma electoral que disminuye de manera importante la estructura y funciones del INE, un análisis de México Evalúa detalla que el mayor recorte al INE se dio en 2022, cuando solicitó 24 mil 600 millones de pesos, pero obtuvo sólo 19 mil 700 millones de pesos, un 19.9 por ciento.
Alrededor de 4 mil 900 millones de pesos menos, aunque ello fue declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a lo cual no fue repuesto el faltante.
El documento Se Agrava el Cerco Presupuestal al INE, subraya que, para los entes autónomos, la disciplina fiscal va más allá de lo razonable.
El gasto del INE según el número de votantes, también es un indicador, pues a mayor cantidad de electores, mayores son las responsabilidades. Tan sólo de 2014 a 2022 la lista nominal pasó de 80.4 millones de electores a 92.4 millones, y para 2023 se estima que llegue a 95.8 millones.
Así, el gasto del programa de Actualización del Padrón Electoral costó 49.8 pesos por cada votante en 2017, pero en 2023 costará 44.5 pesos, un 10.5 por ciento (5.2 pesos) de ahorro.
Además, al mes de septiembre, nueve de los 10 entes autónomos tienen retrasos en su asignación de recursos por 16 mil 100 millones de pesos o 15 por ciento de lo aprobado al periodo. En el caso del INE, se reporta un subejercicio del gasto de 4.8 por ciento o 689 millones de pesos.
En el poder Legislativo, el retraso es de 20 por ciento (2 mil 300 millones de pesos), en el Judicial de 16 por ciento (8 mil 500 millones de pesos) y en la FGR de 20 por ciento (2 mil 600 millones de pesos). A pesar de los amplios retrasos en el gasto, el subejercicio es menor frente a años anteriores para dichas dependencias.
“La marginación presupuestal del INE comenzó años atrás.
Tampoco es novedad que las ampliaciones del gasto se las lleven los ramos administrativos, que rinden cuenta directamente al Ejecutivo.
Todo pareciera seguir una lógica política: la disciplina fiscal es para los autónomos, que no siguen órdenes, mientras que el despilfarro se permite en las dependencias, cuyo gasto es discrecional”, señala el informe.
Asimismo, frente a programas consentidos del gobierno federal, el presupuesto del INE para 2023 es mínimo: está 14.5 veces por debajo de las transferencias a Pemex que la Sener hizo sin autorización del Congreso en 2021, o 17 veces menor que los estímulos a las gasolinas de 2022.
A esto hay que agregar que, a diferencia de la mayoría de las dependencias federales, el presupuesto del Instituto aumenta o disminuye según la cantidad de comicios en un año determinado. Sin embargo, al analizar los programas y unidades administrativas dentro del órgano electoral, identificamos que los rubros no vinculados a las elecciones han mejorado en algunos aspectos, desde el punto de vista de la eficiencia presupuestal.
Fenómeno Global
A su vez, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que los ataques a los órganos electorales constituyen un fenómeno global, preocupante en el caso mexicano, porque, a diferencia de otros Estados, simultáneamente se despliegan la descalificación, las amenazas o agresión a las autoridades electorales, la asfixia presupuestal y posibles reformas electorales.
Acotó que las autoridades electorales como órganos de garantía de derechos políticos, pero también de control del poder, a nivel global, en mayor o menor medida y de manera particularmente acentuada en México, padecen de un ataque o es un asedio, un acoso que puede articularse en cuatro grandes ejes: la descalificación; amenazas, agresiones e incluso acoso político y judicial; la asfixia presupuestal y reformas constitucionales.
Acotó que el recorte del 26 por ciento en el presupuesto solicitado por el INE para 2023, generó que se haya interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la reforma electoral como una amenaza.
