DE 57 AUDITORÍAS REALIZADAS

Están pendientes de aclaración 836 millones 253.6 pesos; gran parte es gasto federalizado de estados y municipios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados la primera parte de los informes individuales de auditorías a la revisión de la Cuenta Pública 2021, correspondientes del tercer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se identificaron irregularidades por mil 38 millones 195 mil 800 pesos.

El titular de la ASF, David Colmenares Páramo, entregó los informes en los que se detalla que de esa cantidad han sido recuperados 201 millones 942.1 mil pesos, y están pendientes de aclaración 836 millones 253.6 pesos, la mayor parte correspondiente al gasto federalizado de estados y municipios.

De acuerdo con el análisis de la ASF las observaciones con los montos más altos corresponden a las áreas de Medio Ambiente, con 120.6 millones de pesos; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con 120.6 millones; Hacienda, con 92.4 millones; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con 36.2 millones de pesos y Aportaciones a Seguridad Social, con 16.4 millones.

Por lo que se refiere a los recursos erogados por las entidades federativas, 637 millones de pesos corresponden a seguridad, con 252 millones y educación, con 385 millones.

Este primer paquete de revisión incluye 57 auditorías, de las cuales siete corresponden a auditorías de desempeño; 22, a auditorías combinadas de cumplimiento y desempeño relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, así como con el Control Interno y Gobernanza, y 28, a auditorías de cumplimiento.

El titular de la ASF, David Colmenares, aseguró que es importante resaltar que la fiscalización superior no se ve afectada por procesos de tipo político, como la celebración de comicios electorales y los cambios administrativos que se derivan de éstos, si bien constituyen variables que son analizadas dentro del modelo multifactorial de planeación y programación de auditorías.

“Esto quiere decir que cualquier consideración distinta del proceso de auditoría está excluida de los procesos de fiscalización, que como señala nuestra Constitución, se rige por los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad”, señaló.

A su vez, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, secretario de la Comisión de Vigilancia, consideró que es necesario establecer un porcentaje para las entregas de los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, así como que las auditorías tengan mayor profundidad en los entes fiscalizables.

Precisó que esta primera entrega sólo abarca 10 por ciento del total de las auditorías programadas por la ASF.