Guatemala, 1 feb (EFE).- El Juzgado de Mayor Riesgo D de Guatemala emitió este lunes una orden de captura bajo los cargos de “conspiración para obstrucción de la justicia” en contra de Mynor Moto Morataya, abogado electo en enero como magistrado del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad.

 

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) detalló en un comunicado de prensa que la orden de detención de Moto Morataya tiene como origen el caso denominado “Comisiones Paralelas 2020” y que actualmente se ejecutan varias órdenes de allanamiento para capturar al abogado.

 

El caso “Comisiones Paralelas 2020” es una investigación de alto impacto por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP que reveló el año pasado los intereses de varios políticos y jueces por controlar la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, los dos órganos de mayor importancia para la Justicia en el país.

 

La orden de aprehensión contra Moto Morataya fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo D del Organismo Judicial guatemalteco, a cargo de la jueza Erika Aifán, a solicitud del Ministerio Público.

 

JURAMENTADO EN EL CARGO

 

Moto Morataya fue juramentado el pasado 26 de enero por la noche por el Congreso de Guatemala con el voto de 82 diputados de mayoría oficialista o aliados a la agrupación política Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

 

La juramentación de Moto Morataya generó descontento dentro de varios sectores, incluido Estados Unidos, quien se pronunció al respecto en las horas siguientes.

 

“Este nombramiento por parte del Congreso de Guatemala pone en tela de juicio la integridad del tribunal más alto de Guatemala, lo que debilita el estado de derecho y socava una prioridad clave de Estados Unidos”, dijo en un comunicado el Departamento de Estado de EEUU.

 

La nota de prensa desde Washington llegó después de que la embajada estadounidense en Guatemala también cuestionara el nombramiento del magistrado y afirmara que es “imprescindible proteger la Justicia”.

 

El procedimiento mediante el cual fue juramentado por el presidente del Congreso había sido suspendido en la tarde de ese 26 de enero por la misma Corte de Constitucionalidad, como consecuencia de un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano particular.

 

El Congreso inicialmente “no quiso recibir la notificación” para suspender la juramentación, según indicó a periodistas la Corte de Constitucionalidad, aunque finalmente sí lo hizo, pero de igual forma juramentó a Moto Morataya.

 

La Corte de Constitucionalidad, que se compone de cinco magistrados titulares, explicó en un comunicado de prensa el 26 de enero que había dado trámite a la petición planteada en el recurso de amparo por irregularidades en el procedimiento de elección de Moto Morataya y que por lo tanto debía suspenderse la juramentación.

 

SIN INMUNIDAD

 

Moto Morataya se presentó posteriormente durante varios días de la semana pasada a las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de tomar posesión de su cargo, pero le fue impedido ante 11 recursos pendientes en contra de su designación.

 

Hasta el 26 de enero Moto Morataya ejercía como juez de instancia penal y su llegada a la Corte de Constitucionalidad procedía después de ser elegido para ocupar un puesto en el máximo tribunal por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en enero.

 

Los comicios efectuados por el CANG contaron con más de 6.000 abogados y en dos vueltas Moto Morataya se acreditó la elección.

 

El puesto como juez de instancia penal le representaba a Moto Morataya inmunidad para no ser acusado por las autoridades. Sin embargo, al dejar por una excedencia su cargo en el Organismo Judicial y no tomar posesión en la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público consideró que no tiene más inmunidad.

 

El acceso a la Corte de Constitucionalidad de Moto Morataya, solo para tres meses, tiene como origen la muerte en 2020 del magistrado Bonerje Mejía, quien debía cumplir el período de abril de 2016 a abril de 2021.

 

Precisamente en abril próximo será la elección de los cinco nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, una designación que según expertos es clave en la lucha anticorrupción en el país centroamericano. EFE