PATRICIA RAMIREZ

Foto: Cuartoscuro

En una sesión maratónica, que aún no termina, y con la dispensa de trámites Morena y sus aliados aprobaron iniciativas para fortalecer el papel del Ejército en varias áreas, blindar los proyectos del Tren Maya y megaobras, desaparecer y fusionar organismos públicos y la sanción de los llamados montadeudas.

En más de 18 horas continuas de discusión, en lo que será la última sesión de este periodo ordinario de sesiones, además de la desaparición del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el bloque mayoritario se dedicó a aprobar iniciativa de último momento.

Entre las leyes para favorecer la operación del Tren Maya, dispensando todos los trámites, los legisladores de Morena, PT y PVEM, avalaron en primer lugar reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Con esta modificación, que deberá ser ratificada por el Senado, los títulos de asignación de vías férreas se mantendrán siempre en manos del Estado y con una temporalidad indefinida de éstos.

Además, una vez otorgada dicha asignación no podrá cederse o transferirse bajo ningún título y solo podrá concluir cuando se acredite fehacientemente que no existe utilidad o interés públicos, interés general, interés social o razones de seguridad nacional que lo justifiquen.

El presidente podrá asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la federación, por causas de utilidad e interés públicos, interés general, interés social o de seguridad nacional, cuando no contravenga su objeto social.

Por otro lado, también se aprobó con dispensa de todos los trámites las reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, para otorgarle a la secretaría de la Defensa Nacional la seguridad del espacio aéreo mexicano.

Asimismo, los legisladores avalaron la iniciativa presidencial que busca que los recursos provenientes del turismo extranjero sean destinados, en su mayoría un 80 por ciento, a megaobras del gobierno federal y el restante 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) para su operación.

Así, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) la recaudación de los recursos provenientes de los permisos otorgados a los extranjeros para ingresar al país como turistas.

Asimismo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su Ley Orgánica.

El documento, que en su caso sí pasó por comisiones, fue aprobado en lo general por 254 votos a favor, 209 en contra, y cero abstenciones, y enviado al Senado de la República para sus alcances constitucionales.

Otro tema aprobado es una reforma el artículo 111 Bis y se adiciona el artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de prohibir a las instituciones de crédito solicitar acceso a la información privada, como contactos, fotografías y videos contenidos en medios digitales. Se remitió al Senado de la República.

Asimismo, teléfonos celulares, tabletas, computadoras de los clientes a quienes otorguen algún servicio u operación financiera, salvo aquellas indispensables para dar cumplimiento a las políticas de prevención, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, así como las Disposiciones Generales en la materia, todo ello para inhibir a los llamados montadeudas.

En esta larguísima sesión, el pleno de la Cámara de Diputados, dispensó trámites y aprobó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, la cual tiene como objetivo cumplir con el mandato constitucional de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

El decreto, enviado al Senado de la República, busca asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas que se celebran para la venta de inmuebles propiedad de la nación.