Javier Oliva
Cuatro son los debates convergentes, a propósito de los orígenes, trayectoria y condicionantes sobre la vida del país, de lo que en términos generales, se denomina como la actividad criminal. Bien sea esta común (95% de los delitos cometidos) u organizada, ha llevado a la sociedad y estructuras de gobierno, a límites no pensados. Así, en estos últimos días, quizá meses, la “militarización”, el “narcoterrorismo”, el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y las relaciones con los Estados Unidos en la agenda compartida en cuanto a la Seguridad Pública, ocupan y con justificada razón, la mayor parte del tiempo aire, espacios en los medios convencionales y digitales de comunicación así como las conversaciones cotidianas.
En anteriores entregas he disertado en torno a la polémica respecto de la “militarización”. En breve vuelvo a plantear, que ese proceso se da, sobre todo en la historia reciente de Latinoamérica, más aún en aquéllos países y sus democracias, que se vieron profundamente afectadas por golpes de Estado y dictaduras militares. O bien, presiones del estamento militar sobre el poder civil, para obtener prebendas, leyes a modo, presupuestos e incluso posiciones en el gobierno, ajenas del todo a sus misiones profesionales. En México, desde 1946 (creación de la Dirección Federal de Seguridad) ha sido el poder civil el que ha recurrido en múltiples y variadas situaciones, al estamento militar para tratar de procesar las grandes dificultades (desde programas de ayuda a la población hasta tareas de apoyo a la Seguridad Pública). Es decir, las Fuerzas Armadas en nuestro país, incursionan en otras actividades, a petición del Comandante Supremo en funciones, justo a la inversa de lo que implica el proceso activo de la “militarización”.
Pese a que en los artículos 139 y 139 bis del Código Penal Federal, Capítulo VI, Terrorismo, señala las causales para calificar una larga lista de actividades violentas, ese referente jurídico es tan laxo en su redacción, que incluso un asalto bancario o cualquiera de las acciones de las que lamentablemente observamos con frecuencia, de parte del crimen organizado, pueden bajo ese parámetro, ser clasificadas como terrorismo, y en consecuencia “narcoterroristas”. Empero no hay ningún tipo de reivindicación: separatista o independentista, étnica, religiosa o de carácter político/ideológico como argumento para proceder por parte de las bandas criminales de nuestro país. Esa caracterización se encuentra en protocolos internacionales de organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, entre otros.
El paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es en término comparativos, por lo que hace a la formación militar de los denominados cuerpos intermedios, una constante en las democracia contemporáneas y claro, cada Estado, en atención a su historia, geografía, leyes, forma de gobierno, estructura y comportamientos sociales, crea su política e instituciones de Seguridad Pública a nivel nacional. Esta obviedad no lo es tanto, cuando en nuestro país se discute de nueva cuenta la “militarización”, que en todo caso, se da por ordenes de la autoridad civil.
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