Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) vuelve a incumplir acuerdos oficiales y, con ello, coloca en tela de juicio su reputación, transparencia y confiabilidad. Sin embargo, al ser una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el incumplimiento de la sentencia emitida en contra de GCC por parte de instancias legales estadounidenses, así como la omisión de esta situación en el Reporte de Resultados del Tercer Trimestre de la cementera mexicana, entregado el pasado 27 de octubre, puede traer consigo afectaciones en el prestigio no solo de Cementos de Chihuahua sino también de otras empresas mexicanas.

Y es que desde abril de 2019 el juez de Distrito de Colorado, John L. Kane, emitió un laudo en contra de GCC obligándolo a indemnizar a su entonces socia, la boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA), por incumplimiento de compromisos. Dicha sentencia fue confirmada, además, en agosto de 2020 por parte de La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos. La sentencia emitida por ambas instancias legales dicta que GCC debe pagar a CIMSA 36 millones de dólares, más los intereses que se generen hasta acatar la sentencia. Dicha cantidad actualmente asciende a casi 50 millones de dólares.

Este largo litigio que persigue a GCC ya va para una década, y se originó debido a que la cementara mexicana vendió más del 47 por ciento de sus acciones al Grupo Cementero del Sur. Con esto, GCC incumplió el acuerdo previamente establecido con CIMSA, ocasionando una demanda por parte de la compañía boliviana, la cual ha mantenido a su favor el arbitraje internacional.

Aún teniendo la desaprobación legal, el director general de Grupo Cementos de Chihuahua, Héctor Enrique Escalante, no ha dado a conocer de este conflicto a la BMV, abriéndole las puertas, ahora, a una sanción en contra de GCC por contravenir el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, al haber omitido información relevante en torno de los procesos judiciales que ha venido enfrentando el grupo cementero mexicano. Dicha ley establece que las empresas consideradas en la BMV están obligadas a informar sobre cualquier evento que signifique un riesgo potencial para ellas y sus inversores, pues tal información es considerada de vital importancia para la toma de decisiones razonadas de inversión y estimación del precio de los valores emitidos por la propia emisora en el mercado de valores mexicano.

En caso de que GCC reciba la sanción correspondiente por incumplir la Ley del Mercado de Valores, al omitir u ocultar información relevante en cuanto a su situación legal actual ante las autoridades estadounidenses, serían ya dos eventos legales que tendría que enfrentar y sobre los que deberá dar cuenta Grupo Cementos de Chihuahua, tanto a sus inversores y socios como a la BMV y a las autoridades norteamericanas.

La cuestión que ahora deben hacerse todos los actores involucrados con la cementera mexicana es ¿hasta cuándo asumirá su responsabilidad legal GCC y acatará el laudo en su contra para frenar el incremento de la deuda que tiene con CIMSA?, ¿cuándo y en qué términos informará sobre su situación legal actual, misma que puede afectar a sus socios e inversores?, ¿qué tanto impactará a las empresas mexicanas con influencia en el extranjero la omisión que GCC está haciendo a la sentencia dictada en su contra en una Corte de Apelaciones de Estados Unidos?