AIDA RAMÍREZ
Foto: Omar Flores / El Sol de México
En coordinación con la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal ha integrado 17 asuntos de grandes contribuyentes que en total adeudan al fisco más de 55 mil millones de pesos.
Así lo señaló el procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, quien indicó que en 14 de estos casos no se han podido llevar a cabo las audiencias necesarias para que las investigaciones “se transformen en procesos penales”, obstaculizando así la recuperación de estos recursos.
Destacó que de los 17 asuntos judicializados de grandes contribuyentes, en 82 por ciento de éstos el Poder Judicial de la Federación ha impedido que se llegue a la puerta de acceso del proceso.
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De igual forma, destacó que existen tres casos donde el actuar de los jueces o magistrados ha evitado el avance de los juicios o procesos penales por un total de 80 mil millones de pesos, asegurando que ello ha afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura.
En este tenor, apuntó que una empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó un perjuicio a la hacienda pública por casi 300 millones de pesos, por lo que “la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la FGR, ha buscado llevar a juicio a los responsables”.
Sin embargo, acotó durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dicho fin se ha visto obstaculizado por el juez de control en Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley.
“Este juez ha emitido fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, ya que ha sostenido que no está facultada para defender los recursos del pueblo, por lo que ha desconocido la calidad de víctima de la dependencia y ofendido el proceso penal, resolviendo incluso en contra de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, dijo.
Asimismo, precisó que hasta el momento, los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones, lo que no lo exime de su responsabilidad.
Por ello, indicó que se presentará una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue este ilegal proceder e incluso una denuncia porque estas conductas podrían constituir delitos en contra de la administración de justicia.
También dio a conocer que una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada en 2010, 2011 y 2013, encontrándose que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos y, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos.
Al subrayar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel fundamental en estas estrategias, Medina Padilla puntualizó que dicha empresa solicita frecuentemente que la SCJN atraiga los casos con el propósito de suspender el curso de los juicios y retrasar su resolución, por lo que desde hace 13 años se han retrasado los litigios y no ha sido posible recuperar el dinero.
En particular, dijo, en los últimos ocho meses, el ministro Luis María Aguilar Morales ha sido omiso en resolverlos sin causa justificada, atentando contra la Constitución y la propia naturaleza jurídica de la Corte, por lo que ante esta actuación, el gobierno federal presentará una queja contra dicho ministro.
