FLOR YÁÑEZ

Un estado miserablemente pobre. 

En 2012, un grupo estudiantes de la universidad de Guadalajara identificó a un hombre que había estado en situación de calle por más de veinte años en extrema vulnerabilidad, sin acceso a recursos económicos, que le permitiera ejercer los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales de los que México es parte. En conjunto, lo asesoraron para interponer un amparo indirecto contra 66 dependencias de lo tres niveles de gobierno, por violaciones a sus derechos fundamentales DESCA (Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Entre los actos reclamados, estaban la omisión de garantizar el derecho humano a la salud, a la identidad, seguridad social y vivienda, educación, alimentación nutritiva y de calidad, trabajo y reconocimiento de la dignidad humana. Finalmente, el caso llegó ante la SCJN quién indicó que los “Estados están obligados a fomentar las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas a través de obligaciones positivas, por medio del acceso de programas estatales”. 

Esta es una sentencia que orilla a la reflexión sobre la situación de las personas bajo esta condición. Tenemos derechos, cada vez más, pero su realización a veces -o casi siempre- resulta imposible; de ahí la romantización de los derechos humanos. Las personas en situación de calle es un grupo diverso que se encuentran en condiciones de extrema pobreza y abandono social.

Se compone de familias enteras, infantes, jóvenes, personas con discapacidades, migrantes, adultos mayores y sus respectivas intersecciones, por ejemplo: mujer + situación de calle +indígena + discapacitada + madre soltera. De acuerdo a la CEPAL, México cuenta con el mayor número de personas en situación de calle de América Latina. Se estima que, en el país, hay más de catorce millones. Generalmente invisibilizamos a este grupo, por normalizar su condición – la vida aquí es así-.

En la sentencia se indica que estas personas son víctimas de desigualdad, discriminación, violencia y exclusión social, lo que les impide ejercer plenamente sus derechos fundamentales, colocándolos en una especial situación de vulnerabilidad.

Si el Estado debe fomentar las condiciones y recursos necesarios para brindar una vida con dignidad y respeto a los derechos humanos, ¿Qué está haciendo para lograrlo? En 2022, de todos los países integrantes de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), México fue el que menos destinó recursos del PIB para el gasto social.

El Estado no está enfocando suficientes esfuerzos para implementar políticas públicas para la asistencia social, sin mencionar que la pobreza va al alza. Tenemos un gobierno miserablemente pobre, pero no por falta de recursos económicos y humanos, sino por su incapacidad de implementar una verdadera justicia distributiva, para que las prerrogativas que vienen tanto en la constitución como en los tratados internacionales, efectivamente se cumplan.

Es evidente el crecimiento de la pobreza y la incapacidad para ayudar a los que menos tienen. El amparo no tuvo un buen resultado, sólo reafirmo el compromiso que tiene el Estado para con la sociedad. Promovamos más amparos y exijamos que el Estado haga su “chamba”.