El Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, envió al Senado de la República un documento en el que se esperaban observaciones formales a la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo, el material remitido consistió en una tarjeta informativa centrada en los costos operativos del organismo y en la solicitud de respetar su presupuesto.

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El documento, fechado el 20 de marzo de 2026 y elaborado por la Secretaría Ejecutiva, aborda las repercusiones presupuestales de eliminar el bono que se otorga a los trabajadores del Instituto, el cual se encuentra sustentado en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional como una compensación por labores extraordinarias derivadas de los procesos electorales.

En lugar de presentar una postura institucional sobre la reforma electoral, el texto advierte que la eliminación de este bono implicaría un costo adicional para el INE, debido a la necesidad de cubrir horas extras conforme a la Ley Federal del Trabajo y disposiciones constitucionales aplicables.

En la tarjeta se incluyen datos comparativos de gasto en distintos procesos electorales. Para la revocación de mandato de 2022, el bono representó 449.2 millones de pesos, mientras que el pago estimado por horas extras podría ascender a 789.6 millones con jornadas de 9 horas semanales, y superar los mil millones en escenarios de 12 y 16 horas.

En el Proceso Electoral Federal 2023-2024, el bono alcanzó 964.9 millones de pesos, mientras que el costo por horas extras se proyecta entre 1,718 y 2,672 millones, dependiendo del número de horas adicionales. En la elección del Poder Judicial 2024-2025, el bono fue de 1,005.6 millones, con estimaciones de hasta 2,714 millones por pago de tiempo extraordinario.

Tras el envío del documento, los consejeros Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey Jordan, Martín Faz Mora, Rita Bell López Vences, Jaime Rivera Velázquez, Dania Ravel Cuevas y Claudia Zavala Pérez precisaron que “hasta la fecha, el órgano colegiado no ha emitido observaciones ni propuestas respecto de la iniciativa de reforma conocida como plan B” y que “dicho material no refleja ni representa una posición institucional”.