EDUARDO ANDRADE
Con desfachatez indignante el Congreso estadounidense se arroga la función de supervisar el sistema electoral de nuestro país mediante la hipócrita e inmoral pretensión de que el presidente Biden enjuicie, en una flagrante violación a nuestra soberanía, la decisiones legislativas internas de México. No valdría la pena referirse a esta ridícula intentona de no ser porque siempre hay que estar atentos a rechazar cualquier propósito intervencionista de nuestros vecinos.
Los adjetivos que he empleado tienen plena justificación porque los planteamientos de esos congresistas revelan una falta de autoridad moral e hipocresía que rayan en la ridiculez. Es inaudito que juzguen nuestro modelo de organización electoral, —el cual solo corresponde a nosotros definir— cuando ellos no han sido capaces de conformar uno propio que se acerque siquiera a las ventajas del nuestro. ¿Con qué cara se atreven a sugerir que la reforma legislativa afecta a la autoridad nacional electoral, si ellos carecen de una institución de esa naturaleza?
Debería avergonzarlos el que la organización de sus elecciones sea la más caótica, insegura, injusta y antidemocrática del mundo occidental. En primer lugar carecen de un sistema nacional de identificación para votar. No tienen, como nosotros, un padrón en el que se encuentren registrados todos los ciudadanos que pueden acudir a las urnas.
Dado que el registro se dispersa al interior de los cincuenta estados, existe una amplia posibilidad de inscripciones múltiples y una total ausencia de control de la ubicación domiciliaria. La falta de confianza ciudadana en este mecanismo se demuestra por el hecho, que parece increíble, de que los ciudadanos rechacen ser identificados para el proceso de inscripción en las listas, pues estiman que es una forma en la que el gobierno trata de obstaculizar su derecho al voto, sensación existente sobre todo entre las minorías.
El desorden y la desconfianza se acrecientan por la falta de certeza en la emisión y el manejo de los votos que pueden recibirse presencialmente desde varios días antes de la jornada electoral o a través del sistema postal. Tales métodos han sido cuestionados por los propios políticos estadounidenses dada la vulnerabilidad que presentan frente a prácticas fraudulentas.
A este caos se suma la carencia de un formato uniforme de boletas a escala nacional, al grado de que estas pueden diferir entre condados vecinos; circunstancia que dio origen a graves acusaciones de fraude en la elección presidencial del año 2000.
Llama la atención que, considerando la importancia que tiene la autonomía del órgano que regula nacionalmente las elecciones, ellos no hayan sido capaces de legislar para crear algo similar en Estados Unidos. En ese país la autoridad electoral es justamente el gobierno mismo. En los estados que se manejan de manera separada bajo legislaciones disímbolas, son los secretarios de gobierno dependientes de los gobernadores los que se encargan de validar el resultado de las elecciones.
Actúan siempre como juez y parte. Si, como aseguró el Departamento de Estado de EE.UU., las instituciones electorales independientes son “piedra angular de la democracia”, al no contar ellos con tales instituciones, debemos concluir que su sistema no es democrático. Tampoco cuentan con un órgano jurisdiccional independiente y especializado en materia electoral que resuelva las controversias.
El colmo antidemocrático del sistema lo constituye el hecho de que pueda ganar la presidencia del país el candidato que haya sido derrotado en las urnas. Dado el procedimiento de elección indirecta en el que los ciudadanos no votan directamente por el presidente, sino por un grupo de electores intermedios que se reparten entre los estados de manera proporcional a su población, en dos de las últimas 5 elecciones presidenciales el candidato que tuvo menos votos resultó electo presidente: George W. Bush en 2000, que tuvo menos votos que Al Gore, y en 2016 cuando Hillary Clinton resultó derrotada pese a haber acumulado más votos que Trump. Por cierto, en la elección de 2000 el estado que determinó el triunfo de Bush fue el de Florida, gobernado por su hermano, de quien dependía la secretaria de gobierno que proclamó la victoria de aquel.
Pese a que el recuento en dicho estado fue objetado, la Corte Suprema, y no un tribunal electoral especializado como el que opera en México, le otorgó al triunfo al Republicano Bush por una votación de 5 a 4, en la cual los jueces vinculados a la corriente republicana vencieron a los que simpatizaban con los demócratas. Una narración detallada de estas y otras tropelías en los procedimientos electorales de Estados Unidos puede el lector encontrarla en mi libro Deficiencias del Sistema Electoral Norteamericano, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Harían bien los quisquillosos congresistas estadounidenses en ponerse a trabajar para remover la enorme viga de su ojo, antes de andar buscando pajas en los ajenos.
eduardoandrade1948@gmail.com
