RICARDO MONREAL
A principios del mes pasado, se hizo oficial el programa del Gobierno federal Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuyo propósito es prestar y proveer a la población servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, incluido el de banda ancha e internet.
Lo anterior se sustenta en el artículo 6.º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que el Estado garantizará tal acceso.
En el derecho internacional, la resolución A/HRC/32/L.20, en su parte “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”, de 2016, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, reconoce en su artículo 2 la naturaleza mundial y abierta de internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas, incluido el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Así, el Gobierno mexicano busca que el acceso a internet se encuentre disponible en todo el país, en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios, con el objeto de contribuir a la lucha contra la marginación, y en favor de la integración de zonas deprimidas a las actividades productivas y el cierre de la brecha digital.
Además, se trata de que alrededor de 20 millones de personas en nuestro país, que aún no cuentan con acceso a esta herramienta tecnológica fundamental para la información, el conocimiento y la interconexión con el mundo, lo tengan. No es admisible que tal número de mexicanas y mexicanos queden apartados del desarrollo tecnológico, al margen de la información y en desventaja frente a sus contemporáneos sólo por habitar en lugares en donde el acceso o la disponibilidad no se estima rentable —como en el caso de los servicios bancarios o de telefonía— por parte de actores privados.
En donde no exista infraestructura para la conexión terrestre de internet, se utilizará tecnología satelital; esto implica que, para llegar a la mayor cantidad de sitios o lugares, se lleve internet por medio de chips para teléfonos celulares, antena satelital, cable de cobre o fibra óptica.
Cabe destacar que en México existen 2,469 cabeceras municipales, de las cuales, 531 no contaban con conectividad en el año 2018, cifra que actualmente se redujo a 117.
De acuerdo con información de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (que es 100 por ciento mexicana), se busca que para finales de este año la totalidad de las cabeceras municipales del país cuente con servicio de telefonía celular y de internet. La idea es llevar primordialmente esta tecnología a las comunidades rurales que hoy son inaccesibles y se encuentran en situación de marginación.
Por ejemplo, y de acuerdo con información también de la CFE, esta empresa tiene instalados hoy 50,000 kilómetros de fibra óptica en sus torres de transmisión de electricidad, pero planea colocar otros 32,000 más. A ello se suma que cuenta con 64,000 puntos de interconexión de internet gratuito en todo el territorio nacional, con señal de wifi sin necesidad de chip.
Para llevar internet de manera rápida a la ciudadanía que aún no cuenta con este servicio, el Gobierno federal entregará tarjetas SIM de red 4.5G con el sello de la CFE a quienes sean derechohabientes de algunos programas del Bienestar, como el de becas para estudiantes, o el de pensión para personas adultas mayores o con discapacidad.
Ello significa también brindar acceso a internet, como herramienta fundamental, a los grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad, a fin de que puedan tener acceso al conocimiento y a la libre expresión de las ideas, superar la brecha digital y combatir la desinformación; se trata de otra de las políticas públicas con sentido social por parte del Gobierno federal.
Senador por Morena
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