COCHABAMBA, Bolivia (EFE).- Ser abogada, trabajadora social o psicóloga es la meta de una treintena
de bolivianas que han sufrido de cerca la violencia machista o sus consecuencias y que ahora estudian
para tener las herramientas legales y técnicas para combatir la impunidad en estos delitos.
La mayoría son sobrevivientes de algún tipo de violencia, otras son hijas o hermanas de víctimas de
feminicidio, pero también hay muchachas que emigraron del área rural a la ciudad e incluso un par de
chicos que crecieron en hogares de acogida, todos con el denominador común de querer un cambio en
la Justicia.
Ellas y ellos son beneficiarios del Proyecto Justicieras, de la Fundación Voces Libres, con base en la
ciudad central de Cochabamba, que busca compartir su amplia experiencia en la defensa de víctimas de
la violencia con “aliadas” comprometidas con esa causa, explicó a Efe la representante legal de esa
institución, Mercedes Cortez.
Con una trayectoria de casi 15 años en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niños, la fundación
ha visto en todo ese tiempo una “ausencia” de abogadas especializadas en la temática y que estén
comprometidas con lograr justicia para las víctimas, comentó.
Cortez recordó que el abordaje de la justicia con perspectiva de género es “relativamente nuevo” en el
país, ya que la ley 348 contra la violencia machista cumplirá diez años en 2022 “y todavía hay muchas
personas que la desconocen”.
La jurista vio la necesidad de transmitir las herramientas y estrategias que descubrió en ese andar y fue
así como la fundación sacó una convocatoria para “buscar mujeres que tengan esa convicción de lucha”
contra la violencia y la impunidad.
Las justicieras
Además de las víctimas de violencia, la convocatoria apuntó a muchachas que crecieron en hogares de
acogida producto de la violencia o el abandono y migrantes de las áreas rurales.
Las postulantes, que fueron más de un centenar, debían enviar una carta explicando sus motivaciones
para ser parte del proyecto, que finalmente quedó con 36 beneficiarios, en su mayoría de 19 a 23 años,
aunque también hay cuatro mujeres adultas y dos varones “comprometidos” con la causa, señaló
Cortez.
Las Justicieras estudian Derecho, Trabajo Social y Psicología en la universidad estatal de Cochabamba
y cada una recibe de Voces Libres una ayuda mensual equivalente a unos 72 dólares para costear sus
gastos estudiantiles.
Ese dinero se financia gracias a padrinos extranjeros que apoyan a la fundación por gestiones de la
“mamita Marianne”, la suiza Marianne Rebeaud, fundadora de Voces Libres.
La Casa de Justicia de la fundación es el hogar de las Justicieras que no tienen dónde vivir, ya que allí
tienen espacios para dormir y cocinar, servicios básicos y alimentos no perecederos provistos por Voces
Libres y la comida fresca corre por cuenta de ellas.
Al margen de los estudios universitarios, también se capacitan con las profesionales de la fundación
para que puedan aprender desde espacios de atención a las víctimas, como la Fiscalía, la unidad
policial contra la violencia o el mismo Observatorio de Justicia, el servicio legal de Voces Libres, explicó
Cortez.
“Lo que queremos es que cuando ellas salgan (profesionales), sea con una perspectiva de género muy
marcada, con estrategias, habilidades y herramientas para defender a mujeres”, afirmó la jurista.
El “sueño mayor” es que lleguen a ocupar cargos de poder, “que un día sean fiscales o jueces y que
cambiemos la Justicia”, agregó.
Las motivaciones
Cortez señaló que desde la vigencia de la ley 348 hubo más de 600 feminicidios en el país, donde cada
tres días muere una mujer víctima de la violencia machista.
Además mencionó que siete de diez víctimas “nunca van a romper el silencio porque el sistema de
justicia está colapsado y las víctimas no tienen un asesoramiento ni un acompañamiento”.
Según Cortez, con el proyecto se busca “reducir ese 99 % de impunidad que existe en el país”, ya que
muchas víctimas terminan conciliando con sus agresores o desistiendo del proceso por diversas causas

como las demoras en los procesos judiciales, algo que critica Ana María Rocha, una de las jóvenes
Justicieras.
“Se tarda demasiado en meter a un agresor a la cárcel, se escapan varios y hay mucha injusticia.
Muchos no pagan los crímenes que cometen y los siguen repitiendo en otras mujeres”, dijo Rocha a Efe.
La joven se crió en el hogar Lluvia de Ángeles de la fundación y ahora cursa el segundo semestre de
Trabajo Social con la motivación de “ayudar a las personas”.
Daniela Ponce, otra Justiciera que fue víctima de violencia sexual, lamentó que las sentencias tarden
años, lo que “no es justo para la familia” de las mujeres asesinadas, ni para las sobrevivientes.
Ponce estudia derecho y aspira a ser fiscal, pero una fiscal que proteja y escuche a las víctimas, algo
que a su juicio no ocurre actualmente.
Algo que las Justicieras y la misma fundación tienen presente es que los proyectos sean
autosostenibles y las jóvenes tengan autonomía económica, para lo cual las que viven en la Casa de
Justicia han ideado algunas iniciativas.
Una de ellas son los Dinoamigos, unos simpáticos dinosaurios de tela que las jóvenes confeccionaron y
pusieron a la venta por el Día del Niño boliviano.