RICARDO MONREAL
La educación es la instrucción por medio de la acción docente, pero también es la base para la apertura del espíritu, del pensamiento, del juicio, del enriquecimiento intelectual y profesional, de la libertad, del engrandecimiento humano y de la emancipación de los pueblos.
Cabe subrayar, una y otra vez, que durante la etapa neoliberal la educación pública fue abandonada progresiva y deliberadamente. Aquellos gobiernos aplicaron un modelo educativo proveniente del extranjero, cuyo objetivo era la mínima intervención del Estado como promotor de la educación de carácter público, así como la supresión del enfoque humanista que caracterizó al sistema educativo mexicano durante décadas. Incluso se llegó al extremo de, por ejemplo, suprimir la materia de Civismo de los planes de estudio.
Sin embargo, con la llegada del nuevo Gobierno en 2018, el papel del Estado en la educación pública fue retomado y comenzó la recuperación de su enfoque humanista, democrático, científico, nacional, equitativo, integral, inclusivo e intercultural, acompañado de acciones concretas para el beneficio de las y los educandos como, entre otros, el programa La Escuela es Nuestra, a través del cual 120 mil planteles reciben apoyos directos para solventar las obras de infraestructura, así como el programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, con las cuales se apoya a más a de 12 millones de estudiantes para que continúen sus estudios.
Ahora bien, todavía se requiere profundizar los esfuerzos para fortalecer aún más la educación pública; entre ellos, los siguientes: una educación adaptada a la realidad cambiante, para evitar que se vuelva obsoleta, pero que siga representando una vía de oportunidades en la vida y una herramienta para mejor competir en el mundo; continuar apostando a la educación pública, la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país, pues está demostrado que las naciones que refuerzan estos elementos salen rápidamente del ostracismo, del subdesarrollo, de las etapas difíciles de superar; desarrollar un amplio programa de infraestructura que busque proveer a las escuelas de los materiales y servicios básicos para su funcionamiento, ampliar su conectividad y expandir las zonas de cobertura de internet, y aumentar el gasto público destinado a acercar y mejorar la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del medio rural, así como implementar un sistema que facilite el vínculo entre las medianas y grandes empresas y las y los jóvenes que viven en el campo.
En este contexto, la educación acrecentará la formación de jóvenes que se interesen cada vez más en la vida pública del país y que quieran participar en ella. Cabe reconocer que aún tenemos una deuda con ellas y ellos respecto al mejoramiento de sus condiciones de vida y a la ampliación de espacios de participación pública y política, a fin de generar, entre otros, nuevos liderazgos que tomen la estafeta del cambio y la transformación.
Asimismo, las juventudes mexicanas requieren un país que les dé acceso a un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal; en donde se pueda vivir dignamente con un empleo remunerado, no con dos o tres ingresos precarios; una nación que actúe con urgencia ante el cambio climático y la crisis del medio ambiente.
Como legislador y actual académico de la UNAM, siempre he buscado impulsar espacios en donde las y los jóvenes puedan ser escuchados y participar en debates y discusiones sobre los diversos asuntos públicos. Un ejemplo de ello es el Parlamento Juvenil, que sirve como plataforma para que 128 jóvenes de todo el país integren y representen un órgano político, para elaborar, reformar y aprobar leyes federales, el cual ya se celebró en el Senado de la República y en otras universidades de México.
La educación es la base del cambio y de la transformación. Las y los jóvenes no sólo serán nuestro relevo político generacional en esta etapa histórica del país, sino que también representan la esperanza de seguir construyendo un México más próspero y libre.
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