La malintencionada reforma electoral del Presidente

ANGÉLICA DE LA PEÑA

Alguien dijo que un Presidente nunca se levanta queriendo hacerle daño a México. En la realidad, no siempre es así. Ha habido mandatarios que actuaron buscando obtener mayor poder para sí mismos; centralización de las decisiones de Estado. Omnipotencia en el manejo de los recursos del país como le viene en gana, con un poder judicial a modo, un poder legislativo que aprueba tal cual sus reformas, logrando leyes y una Constitución a modo. Es el caso de la reforma electoral que López Obrador presentó en junio pasado. 

Por fortuna, en la elección del 21, con la votación que obtuvo la oposición, se logró quitarle la votación calificada a Morena y sus aliados. De manera que no tienen los votos para aprobar solos esa reforma y hay resistencia legítima de la oposición, porque de aprobarse, significaría un retroceso al proceso de democratización que se ha impulsado en los últimos 43 años para dejar atrás al partido único y hegemónico, lograr la independencia de los organismos que organizan y califican las elecciones, mayor pluralidad, equidad, reglas para la competencia electoral, casillas integradas con ciudadanos decididos aleatoriamente, y un Instituto Nacional Electoral independiente del gobierno.

La oposición del PRI, PAN y PRD, solicitó una discusión abierta con especialistas, activistas, académicos, para su análisis, como es lo normal en el parlamento. Pero al Presidente, como sabemos, no le interesa oír otras opiniones, sólo ha de ser la suya.

Los grupos parlamentarios de “Va por México” decidieron convocar al foro “Por el fortalecimiento de la democracia” para analizar la conveniencia o no, de esa reforma.

Participé en una mesa con la Consejera del IECM Carolina del Mar, y coincidiendo con ella, dije es necesario preservar al Instituto Nacional Electoral. La pretensión de la reforma de López Obrador es desaparecerlo, y sustituirlo por otro que no podría ser autónomo por la forma como pretende se nombre, lo que constituye un grave retroceso y trastocaría la legitimidad de las elecciones. Igual pasaría con el Tribunal Electoral. Señalé con preocupación que una regresión como la que se pretende va en contra del principio de progresividad de los derechos políticos logrados.

También observé que las reformas estructurales habían tenido un enfoque masculino en su diseño, y que no es sino hasta que logramos avanzar, primero con acciones afirmativas y la cuota, y luego con el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva y la Paridad en Todo, que las mujeres hemos logrado espacios de poder y de decisión, y sancionar la violencia política contra las mujeres. Hoy no hay condiciones para lograr mayores avances que perfeccionen nuestro sistema electoral, incluyendo por cierto el sistema de partidos, quizá la segunda vuelta, porque el gobierno no lo aceptará. Entonces nuestra prioridad debe ser no regresar a los tiempos de un solo partido hegemónico y un presidente autocrático, sin mecanismos que lo acoten.

Son claras nuestras diferencias fundamentales con la propuesta del Presidente, por lo que debemos ir al 24 con la actual Constitución, e insistir se apliquen las leyes de manera irrestricta, por supuesto reafirmando nuestro reclamo respecto de que se evite el uso de recursos del crimen, que están decidiendo quienes ganan y quienes no. Preocupémonos hoy, se respete el actual Estado de Derecho.