POR PATRICIA RAMÍREZ
El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, adelantó que la reforma electoral podría ser analizada y aprobada entre agosto y octubre de 2022 y precisó que esta es una de las prioridades que tendrá su fracción parlamentaria en el LXV Legislatura.
Explicó que se determinó que estos sean los tiempos para esta iniciativa, con el propósito de que no se distorsione el debate en el marco del proceso electoral que se vivirá en seis entidades de la República el próximo año.
“Va a haber un sobrecalentamiento natural político; los partidos estarán en eso, se puede tomar como rehén la reforma. Ya le pasó a Zedillo, tú recordarás, yo lo viví cuando la reforma del 97 y el 95 que se estaba iniciando la discusión, y que se traslapó con un pequeño municipio de Puebla, Huejotzingo. Entonces, si Huejotzingo fue motivo de disputa, imagínate seis estados de la República”, acotó.
Mier Velazco precisó que, si bien se está llevando la nueva legislación conjuntamente con el Ejecutivo, el producto final puede ser una mezcla, pues desde el Senado se está trabajando en una propuesta.
Además, precisó que él presentará una iniciativa propia, que cuenta con la simpatía de algunos legisladores y coordinadores de otros partidos, para ir construyendo por lo menos en lo que hay acuerdos de manera conjunta, y luego pues ya llevarlo al pleno y al debate y a la discusión aquellos temas que seguramente va a haber una discusión y un debate mucho más prolongado y mucho más áspero.
El coordinador del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados subrayó que hay temas que se deben legislar como lo relacionado con el financiamiento y la fiscalización de los procesos electorales.
“Hay disimulo de todos, desde los órganos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, hasta partidos, candidatos, en la que tenemos una miopía en la que tenemos una dioptría muy grande para ver lo obvio y una dioptría casi en la ceguera de ver lo mayor”, dijo.
Agregó que la coalición Juntos Hacemos Historia promoverá las reformas que conjuntamente han llevado con el Ejecutivo: la reforma a la industria eléctrica, para garantizar en el texto constitucional que la rectoría en materia eléctrica le corresponde al Estado; la sectorización de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional, para garantizar que tenga continuidad y que se profesionalicen los cuerpos policiacos.
