Los hechos de violencia son muestra de la necesidad de fortalecer a la GN

RITA MAGAÑA

Foto: EFE

Los hechos de violencia registrados en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California son muestra de la necesidad de fortalecer a la Guardia Nacional, aunque transferirla al Ejército mediante acuerdo o decreto presidencial generaría reacciones e inconformidades ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de grupos políticos y sociales.

Así lo consideró el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al señalar que en caso de que se pretendiera modificar la naturaleza jurídica de la institución, del carácter civil al carácter militar, “sin duda se requeriría de una reforma a la Carta Magna, pues en la jerarquía de leyes prevalece ésta por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico ordinario o reglamentario”.

Advirtió que los hechos sucedidos esta semana en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California no pueden entenderse como aislados, sino como estratégicos, reactivos y sincronizados.

En un artículo que compartió en redes sociales, quien explicó que se ha planteado que el Ejecutivo federal pudiera acudir a ejercer facultades exclusivas de expedición de decretos, para reasignar atribuciones y adscripción a la Guardia Nacional.

“Ello generaría reacciones e inconformidades ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de grupos políticos y sociales; sin embargo, el tiempo que tardaría el procesamiento de los recursos interpuestos agudizaría los desacuerdos, pues la demora profundiza las diferencias”, dijo.

Señaló que la Guardia Nacional es una institución capaz de hacer frente a las prácticas cada vez más radicales de los grupos del crimen organizado, cuyo interés es atemorizar a la población.

Afirmó que la pacificación es un tema pendiente, que necesita de una solución de largo plazo y que ha puesto en el centro del debate cuál deberá ser el futuro de la Guardia Nacional.

Ante el anuncio de que se presentará una iniciativa para reformar la Constitución en esta materia, Ricardo Monreal dijo que “estaremos pendientes de su presentación en alguna de las dos cámaras legislativas del Congreso de la Unión, para ofrecer un debate amplio, reflexivo y respetuoso, a fin de lograr lo mejor para nuestra nación”.

Para asegurar su carácter civil, agregó, en su diseño se estableció su adscripción orgánica y funcional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y no a alguna otra autoridad federal vinculada a las materias de seguridad nacional o de seguridad interior.

Además, se estableció que sería una institución de seguridad pública de carácter civil, y se estipuló una temporalidad de cinco años para que las Fuerzas Armadas se retirasen gradualmente de las tareas de seguridad pública.