PATRICIA RAMIREZ
Foto: Cuartoscuro
Luego de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal insistió en que esos recursos no se destinan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sino a las prestaciones de los trabajadores y rechazó que sean resultado de “guardaditos”.
Aclaró que el proceso legislativo no está concluido, pues la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene que ser aprobada todavía por el Senado de la República.
Insistió en que la extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la
Federación y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras, pero no se trata de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que aprueba igualmente la Cámara de Diputados.
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“Los fideicomisos NO están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro. Ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) está relacionado con gastos de ministras y ministros”, sentenció.
Asimismo, dijo que cada fondo y fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación.
Precisó que al menos 6 fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en otros instrumentos legales como son las Condiciones Generales de Trabajo.
Además, las reglas de operación de los fideicomisos exigen a las y los trabajadores cumplir ciertos requisitos para acceder a los recursos para el pago de los derechos laborales tutelados, como, por ejemplo, la antigüedad.
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Asimismo, aclaró que el personal operativo del PJF, que representa más del 60 por ciento de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos.
“La Auditoría Superior de la Federación no ha hecho observaciones sobre la legalidad de los fideicomisos. En 2019 la ASF realizó dos auditorías específicas a los fideicomisos del PJF, pero en ninguna de ellas observó irregularidades en la constitución o administración de los Fondos”, acotó.
También, precisó que el órgano fiscalizador verificó que los ingresos y rendimientos obtenidos se hubieran incorporado al patrimonio de las instituciones y que las erogaciones realizadas se encontraran debidamente justificadas y soportadas, derivado de lo cual únicamente emitió dos recomendaciones que fueron solventadas en su totalidad, como lo acreditan los reportes enviados a la ASF.
Conforme a la propia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y las definiciones de la ASF, una recomendación tiene carácter preventivo y se refiere a una sugerencia para fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control del ente fiscalizador.
Finalmente, subrayó que los fideicomisos no son “guardaditos” y fueron constituidos inicialmente con recursos públicos; sin embargo, esto no significa que el presupuesto no ejercido año con año se destine a estos instrumentos.
Asimismo, el hecho de que dichos recursos públicos se encuentren en fideicomisos no los convierte en recursos privados, por el contrario, continúan siendo recursos del Estado mexicano, bajo la administración del PJF, que es uno de los tres poderes de la Unión que lo conforman.
