AIDA RAMÍREZ

Foto: Cortesía Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que, con la ampliación del decreto para regularizar a los automóviles usados de procedencia extranjera, se ha puesto en riesgo al sector automotriz y a sus empleos “a cambio de una medida político-electoral y recaudatoria por parte del Gobierno de México, la muestra es que ha recibido ingresos excedentes por más de tres mil millones de pesos por la legalización de los ‘autos chocolate”.

Pero además, señaló que la medida lejos de ayudar a las familias las ha expuesto a riesgos frente a las mafias que comercializan estos autos.

El sindicato patronal que encabeza José Medina Mora Icaza aseveró que la decisión “es un contrasentido”, toda vez que por un lado el gobierno federal celebra la llegada de la empresa Tesla, pero por otro, se mina a los trabajadores formales del sector.

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se amplía hasta junio de este año, el decreto para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, que concluía el 31 de marzo próximo.

Dicho anuncio “confirma lo que advertimos hace poco más de un año: que la ordenanza convalida la ilegalidad y pone en total desventaja al mercado mexicano de autos de segunda mano, cuya vida útil, componentes y funcionamiento están certificados para evitar daños al medio ambiente, cuidar la inversión y la seguridad de los compradores”.

La Coparmex señaló que a partir de marzo del 2022 y hasta febrero de esta anualidad, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se regularizaron en México un millón 319 mil 438 automóviles que ingresaron de manera ilegal al país, con un costo por trámite para legalización de dos mil 500 pesos.

El número de automotores legitimados es superior por 186 mil 687 unidades, al millón 132 mil 751 vehículos nuevos vendidos en el mismo periodo, lo que significa que igual número de carros en óptimas condiciones se dejaron de comercializar debido a la competencia desleal que genera este mandato, y que “no ha erradicado la exposición de las familias a las mafias que comercializan los llamados autos chocolate.

El organismo empresarial destacó que la disposición tampoco ha contribuido a frenar el problema que representa para los mexicanos el ingreso de estas unidades al país, ya que los fraudes a la población por parte de organizaciones que prometen la legalización del bien ante la obsolescencia del Registro Público Vehicular (REPUVE) para atender la demanda, se han incrementado.

“El decreto opera en la opacidad pues no existen reglas claras sobre qué pasará con los vehículos de contrabando que siguen llegando a México y que no se regularicen cuando concluyan las ampliaciones dadas a conocer”, ello, porque de acuerdo con datos recabados por el sector automotriz, aún hay más de un millón de unidades esperando ser regularizadas y las fronteras continúan abiertas.

A lo anterior, se indicó, hay que sumar que existe una nueva preocupación, ya que con la ampliación de la vigencia del decreto, también se analiza incluir la regularización de miles de vehículos que no están contemplados en el acuerdo original por no haber sido manufacturados en la zona que comprende el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), lo que complicaría la situación y reduciría los precios de los usados nacionales debido a la sobre oferta de vehículos de modelos y años similares.

Ante este panorama, “es importante dejar claro que en México no se deben seguir privilegiando medidas que afectan el desarrollo económico y que están por encima del bienestar de las familias y de la generación de empleos que se dan gracias al alto potencial e importancia de la industria automotriz en la nación”, puntualizó la Coparmex.