PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, aseguró que la recomendación que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se anule la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que se ha registrado violaciones a los derechos humanos, indicó que se deben considerar las circunstancias y seguridad del país también, debe analizarse con cuidado.

“Se debe tomar en cuenta la seguridad del país y creo que sí debe haber una salvedad, pues la situación en México no está para tratar las cosas como si estuviéramos en otro país muy homogéneo, civilizado, con muchos ingresos económicos y cero delincuencia, por ello debe haber salvedades, pero algunas son polémicas”, aseguró.

El legislador de Morena precisó que el Ejército y la Marina están muy preocupados por detener a un delincuente, tener evidencias para procesarlo y que, por una circunstancia procedimental, lo suelten.

Además, dio a conocer que esa instancia analiza una propuesta para incluir en catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa uso de armas de fuego exclusivo del Ejército y ante la polémica, será debatida a fondo.

Respecto a otras iniciativas, apuntó que tienen poco más de 500 pendientes, algunas reafirman la no discriminación y otras que plantea la necesidad de actualizar los planes y programas de estudio en el país.

“Hemos tratado de buscar qué temas han sido planteados, aun con diferente lenguaje o matices, pero con el mismo sentido y propuestas por distintos grupos parlamentarios”, acotó.

Sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que vetará la iniciativa que aprobó ayer la Comisión de Gobernación y que busca incrementar las sanciones cuando se lancen injurias al jefe del Ejecutivo federal, dijo que lo que se avaló fue convertir las sanciones que estaban en pesos a Unidades de Medida y Actualización.

“La Comisión de Gobernación aprobó un dictamen que propone actualizar en UMAS las sanciones económicas que ya existen en una Ley de Imprenta, pero no está referido a ningún personaje en particular, además es una ley de poca aplicación, impracticable”, finalizó.