ANGÉLICA DE LA PEÑA

López Obrador llegó a la presidencia con un prejuicio, todos eran corruptos. Y zas: deja de comprar medicamentos disque para corregir la corrupción, pero no tomó medidas para sustituir el abasto y sobretodo para no interrumpir tratamientos a diversas enfermedades atendidas desde el sector salud y hospitales especializados.

Es lamentable que al tomar la decisión de no comprar medicamentos por la vía planificada por el gobierno de Peña, menospreció las consecuencias de la interrupción de las medicinas para el tratamiento contra el cáncer; y cuando se trata de niñas y niños, no sólo es irresponsable, es objetivamente criminal: el Presidente de México, dejó sin sus tratamientos de quimioterapia a miles de niñas y niños pobres, protegidos bajo el régimen de la salud pública.

Según el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en México, el cáncer infantil de niñas y niños entre 5 y 14 años constituye la segunda causa de muerte; más de 2,000 muertes acontecen al año, siendo leucemia linfoide la enfermedad más letal.

Es necesario cuantificar cuántas muertes más han sido provocadas por la interrupción de los tratamientos contra el cáncer. Al 2020, según INEGI, de las personas fallecidas por esta enfermedad, el 20 % no disponían del derecho a la salud en alguna institución del Estado, es decir no contaban con IMSS, ISSSTE o Seguro Popular.

Al desaparecer el Seguro Popular por este gobierno, se deja al garete a todas las personas que gozaban del derecho a la salud, afectando sus tratamientos de enfermedades crónicas, como el cáncer.

Por eso, hemos visto cómo desde diversos espacios, madres y padres de niñas y niños con cáncer, como en ningún otro sexenio, han salido a la calle a reclamar las consecuencias del desabasto de los
tratamientos contra el cáncer, y ahora que por fin el gobierno los ha comprado, poder tener acceso en la distribución. Esa fue la razón por la que el sábado pasado, se convocó a una caravana de vehículos en apoyo a estas familias que sufren al ver cada día, menguada la salud y la vida de sus
hijas e hijos.

¿Y cómo reaccionó el gobierno a esta caravana de solidaridad? En primer lugar con amenazas de que los vehículos no entrarían al zócalo. Y no fue la instancia política del gobierno de la ciudad la que lo anunció, sino el secretario de seguridad Omar García Harfuch. El secretario de salud Jorge Alcocer, ante el reclamo, sólo recibe a una representante de las familias, y a la Abogada Andrea Medina quién ha emprendido más de 230 amparos para que se restituyan con urgencia, los tratamientos interrumpidos. El maltrato hacia las familias que venían de otros estados del país, al no recibirles, es característico de este gobierno. La actitud grosera de Alcocer con la madre y la abogada, sólo constata su insensibilidad ante esta tragedia.

El derecho a la salud, es uno de los derechos fundamentales que debe ser asegurado universalmente. El tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible compromete a los países para que, al 2030, ningún niño o niña, sin discriminación por ningún tipo, se queden sin la cobertura de este derecho. Interrumpir alevosamente sus tratamientos contra el cáncer a la niñez mexicana más pobre, es criminal. Y lo decidió López Obrador consciente de que la trascendencia de esa decisión, pondría en riesgo la vida de esas personas indefensas. La historia se lo cobrará.

Defensora de derechos humanos