POR AIDA RAMÍREZ

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), informó a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, que los indicios que han recabado y los de la Fiscalía Especializada del caso “no dicen relación con búsqueda en vida, o sea que estén con vida”.

Acusó la falta de documentos de inteligencia y que se han pedido en reiteradas ocasiones para el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas, además de que aún persisten dificultades con acceso a la información y la judicialización de casos, y también “impide saber el destino final, la labor que desempeña ilícitamente el crimen organizado”.

Al presentar su III Informe, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, así como Ángela Buitrago Ruiz señalaron dos operaciones de seguimiento “histórico casi contrainsurgente, a las actividades de la escuela y de los estudiantes”, dos días antes del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Sostuvieron que de sus investigaciones se deriva que “había gente infiltrada con fachada de estudiantes y que seguro informaba sobre lo que acontecía. Todas las autoridades en el Centro de Coordinación Guerrero Seguro, sabían de información de actividades en trasiego, de transporte de droga en autobuses, información “que siempre se nos ocultó”.

De esta forma, acusan simulación de las autoridades en tres momentos ocultando y cambiando información, pero además, Francisco Cox Vial, uno de los integrantes del Grupo, reveló que en el  Informe que se presentó ayer a los padres de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, no fue posible decir el destino final de los jóvenes, debido a que 22 personas que pudieron haber tenido información del caso “han muerto, sólo dos por muerte natural”.

En la presentación que se llevó a cabo en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, resaltó que “llama la atención” la muerte de una persona llamada Salgado Guzmán, quien falleció de 21 disparos en un operativo policial.

Pero no detalló las circunstancias en las que fueron asesinadas las otras 19 personas consideradas como clave para conocer lo que pasó con los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Aunque aseveró que “gente vinculada o que tenía alguna relación, no sabemos del nivel de detalle, algunos de ellos que entregaron información de otras fuentes, se entiende que hacen parte de Guerreros Unidos y que por lo tanto suponemos que podrían tener más información, nunca vamos a saber, efectivamente, qué información tenían porque han muerto.

“Nos hubiera gustado en este informe decir el destino de los 43 estudiantes, lamentablemente no hemos podido. Como se anticipó, en parte, una parte bastante importante diríamos, esto se debe a la destrucción de evidencia, el obstáculo, el ocultamiento de evidencia y la construcción de una mentira desde las más altas esferas”, expresó.

Cox Vial añadió que lo que también “impide saber el destino final de los 43 estudiantes es la labor que desempeña ilícitamente el crimen organizado”.

En el recuento que duró poco más de dos horas, se indicó que entre los hallazgos resalta el hecho de que la Normal Rural de Ayotzinapa fue infiltrada “a través de jóvenes que actuaban como estudiantes y agentes de inteligencia.

“Los documentos confirman que un normalista, que está entre los estudiantes desaparecidos, ingresó a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para realizar labores como Órgano de Búsqueda de Información (OBI). Igualmente, el Ejército contaba con al menos otro OBI que ejercía como estudiante de la Escuela e informante del Ejército”, se dijo.

Un tercer OBI estaba asentado en Tixtla, donde se ubica la Normal Rural de Ayotzinapa, y se encargó de observar los movimientos en la institución, después de los ataques en Iguala.

Se comprobó que personal de la Secretaría de Marina (Semar), participó en la alteración del basurero de Cocula, para contribuir a la creación de la “verdad histórica”, al igual que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); y señalaron que Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República, y Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), estuvieron en el basurero antes de que llegara el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Se señaló que la llamada “versión histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto y la entonces Procuraduría General de la República (PGR), señalaba que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan.

La versión fue desmentida por las investigaciones sobre el caso, como las del propio GIEI, que reveló que no se había registrado un incendio en Iguala el 27 de septiembre de 2014, como decía la PGR.

En el tercer informe, el GIEI revela que analizó un video del 27 de octubre de 2014 sobre las diligencias realizadas por la Semar “hasta ahora desconocidas” y que “no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”.

El video corresponde a una grabación de dos horas realizado por un avión no tripulado de la Marina, a las 6:39 de la mañana del 27 de octubre y en la que se pueden ver dos camionetas tipo ‘pick up’ de doble cabina de la Semar. Fue el día, precisamente, en el que se encontraron restos óseos en el sitio.

Unos minutos después aparece un grupo de cinco personas que se dirige a las camionetas estacionadas. Estos vehículos están estacionados a una distancia aproximada de 15 metros de tres bultos blancos que se encuentran en la parte alta del basurero.

Se hizo una reseña de lo que sucedió en el video, que inicia “a las 6:42, las personas se acercan a la parte trasera de una de las camionetas para sacar algo, mientras otra persona se acerca los bultos blancos y se detiene junto a ellos. Diez minutos después, una tercera camioneta llega al acceso del basurero y las personas de las dos camionetas se acercan hacia una persona que descendió del vehículo recién llegado. Un momento después, la aeronave comienza a sobrevolar el camino que lleva al basurero”.

Luego, a las 8:13 llega a la zona una camioneta de la Policía Federal, que se detiene a 20 metros de la entrada del basurero, bloqueado por el vehículo de la Semar: “La persona regresa en solitario a la pick up de la Policía Federal y conduce de reversa por el camino. La aeronave lo sigue durante el trayecto”.

A las 8:28 de la mañana llega un convoy de seis vehículos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Semar, en el que se encuentra el entonces procurador Jesús Murillo Karam; y más de cinco horas después de estos hechos, fue cuando llegaron los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Se indicó que el informe se basó en la documentación desclasificada obtenida por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en brindarles acceso a los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar) y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Más de 100 horas de video fueron obtenidas tras la orden presidencial.

“Fue necesaria la intervención del presidente de la República, luego de la insistencia, en más de una oportunidad, del GIEI, que contó con el apoyo del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para acceder directamente a lo que se logró, finalmente, a partir de abril de 2021″, señaló el Grupo.

Francisco Cox señaló que, hasta ahora, la información que ha recibido el GIEI no incluye la búsqueda en vida de los 43 normalistas desaparecidos.

“Eso es nuestra afirmación y eso es lo que nosotros le hemos dicho también a los papás y a las mamás en nuestras reuniones, que los indicios que hemos recabado nosotros y los indicios que ha recabado la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa no dicen relación con búsqueda en vida, o sea que estén con vida” los jóvenes.

Se indicó que este informe se presentará el próximo 12 de abril, pero que además, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), permanecerá en el país a petición del gobierno federal, cuatro meses más y con una prórroga de dos meses.