AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El trabajo de la Comisión de Amnistía de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, ha permitido que más de 200 personas hayan obtenido su libertad.

En donde durante el último año, en promedio, tres personas a la semana obtuvieron su libertad y nueve de cada 10 solicitudes ingresadas por la Comisión fueron calificadas como positivas por la autoridad judicial.

Lo anterior, durante la presentación del cuarto informe ‘Una cultura para el respeto y garantía de los derechos humanos’, donde el titular de la UASJ, Crescencio Jiménez Núñez dijo que gracias a la labor de convencimiento hecha por la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía, 10 entidades federativas ya cuentan con una ley en la materia aprobada y 14 más iniciaron el proceso legislativo en sus congresos locales con esta finalidad.

Asimismo, subrayó que la Comisión ha sesionado nueve veces, de las cuales cuatro ocurrieron en 2022; y se prevé que en 2023 la Comisión sesione cada dos meses con el objetivo de seguir avanzando en la agenda de justicia propuesta por esta administración.

El titular de la UASJ recalcó el trabajo hecho por el Comité Permanente de Seguimiento de Preliberaciones, el cual fue instalado en octubre de 2022 y ante el cual se han sometido a consideración 28 asuntos.

De ellos, 15 fueron determinados en sentido procedente y cinco fueron remitidos a autoridades locales por tratarse de asuntos de competencia local.

Subrayó que este comité busca otorgar el beneficio de preliberación a las personas mayores de 60 años con sentencia ejecutoriada, personas con enfermedades crónico-degenerativas o terminales, mayores de 70 años en prisión preventiva, personas que excedan el plazo en prisión preventiva de dos años o quienes hayan sido víctimas de tortura acreditada por el Protocolo de Estambul.

Crescencio Jiménez enfatizó como parte de las labores de la UASJ el programa de Justicia Terapéutica y su implementación, el cual representa una alternativa al encarcelamiento para personas con problemas de adicción que hayan cometido un ilícito no grave y sin violencia.

Por lo que este programa tiene como objetivo atender la causa que impulsa a las personas a cometer delitos y su adicción.