La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), encabezada por su presidente Israel Sánchez, anunció que iniciará una batalla legal mediante amparos en 60 ciudades del país tras la modificación del calendario escolar 2025-2026. Esta medida, que recorta más de un mes de clases, es considerada por la organización como una violación a los derechos educativos de los menores.

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En coordinación con abogados y diversas organizaciones civiles, la UNPF representará a más de dos millones de padres y madres de familia que se oponen a que el ciclo escolar concluya el próximo 5 de junio, en lugar del 15 de julio, como se tenía previsto originalmente.

Falta de sustento técnico y legal

El conflicto se originó tras el anuncio de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien justificó el adelanto del cierre escolar debido a las altas temperaturas y la celebración del Mundial 2026. Ante esto, la organización de padres señaló que estos argumentos carecen de rigor.

“Cuando tú cancelas algo, a lo mejor puede ser por un desastre natural, pero que lo hagan por un evento y que además digan que fue a petición nadie sabe de quién, pues es terrible”.

Israel Sánchez

Sánchez argumentó que la SEP “se saltó todos los procedimientos” al no realizar consultas con las comunidades educativas ni con los padres de familia. Además, calificó de ilegalidad el incumplimiento de los planes y programas educativos presentados al inicio del ciclo.

Impacto en madres trabajadoras

Más allá de lo académico, la UNPF alertó sobre las repercusiones sociales de esta decisión. El recorte del calendario afecta directamente la organización de las familias, especialmente a las madres jefas de familia incorporadas al mundo laboral.

• Afectación laboral: Las madres deberán realizar ajustes imprevistos en el cuidado de sus hijos.
• Logística familiar: El cambio altera periodos vacacionales y esquemas de cuidados previamente programados.

Contradicciones en el Gobierno

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la medida era apenas una propuesta, el calendario oficial de la SEP ya refleja las modificaciones. Pese a la determinación de proceder legalmente, Israel Sánchez no descartó mantener una vía de diálogo con la Secretaría de Educación para buscar una solución que no afecte el desarrollo educativo de los estudiantes.

Se espera que los amparos sean ingresados “muy pronto”, bajo la premisa de que existen contradicciones jurídicas, ya que los planes y programas de estudio no pueden ser cancelados de forma arbitraria.

Con información de El Sol de México