MANUEL GUADARRAMA 

En agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancó el segundo periodo de sesiones con una lista de pendientes de gran relevancia para el país. La discusión sobre la extinción de fideicomisos, el control de los puertos a la Secretaría de Mariana, la estatización del litio, el nombramiento de comisionados del Instituto Federal Telecomunicaciones y el nuevo proyecto sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), entre otra decena más de asuntos que definirán el rumbo en los siguientes años.

Durante esta administración, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo fue de complacencia. En la primera mitad del sexenio el partido en el poder y sus aliados lograron una mayoría que les permitió no solo aprobar reformas legales, sino alcanzar los votos necesarios para las reformas constitucionales. Después de la elección de 2021, Morena logró mantener la mayoría de los votos en el Congreso, pero perdió la fuerza para aprobar todos los encargos del Ejecutivo.

Ejemplo de esta dinámica fue el llamado “viernes negro” en el que se aprobaron más de una docena de iniciativas sin discusión, en “fast track”, violando el proceso legislativo y la deliberación de las reformas. Ante este suceso, legisladores de la oposición presentaron acciones de inconstitucionalidad que buscan echar abajo esas reformas. Pero la lista de asuntos no se termina ahí.

Otros asuntos pendientes de resolver son: las plazas automáticas para maestros normalistas, la reforma a la Ley de Hidrocarburos, el oficio para privilegiar a Pemex y CFE indebidamente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que mandata a México eliminar la prisión preventiva de oficio, el catálogo de delitos federales graves y la cancelación del programa de estancias infantiles.

En este contexto, inevitablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo juega un papel de solución de controversias, sino de auténtico contrapeso y con decisiones con consecuencias políticas. Los ataques del presidente a los jueces, magistrados y ministros tienen su origen precisamente porque han puesto un alto a los legisladores y al Ejecutivo cuando son ilegales o violan la propia Constitución. En pocas palabras, se ha hecho valer la independencia del Poder Judicial unas veces decidiendo favorablemente para el presidente y otras no.

En los próximos meses, los ministros también asumirán la gran responsabilidad de presentar los proyectos de resolución pendientes y entrar de lleno a asuntos que requieren una definición. Por ejemplo, la falta de nombramientos en el INAI ya ocasionó que se acumularan más de 7 mil recursos de revisión en los que, por ahora, queda vulnerable el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

En este último tramo de 2023 habrá que estar atentos a los asuntos de la Corte, pero también pendientes de los intentos por menoscabar la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Por lo pronto está, por un lado, la propuesta de elegir por voto popular a los ministros y, por el otro, la lista de casos relevantes pendientes de resolver.

*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.

 @ManuGuadarrama