México enfrentó en 2025 uno de sus desempeños económicos más débiles, con un crecimiento de apenas 0.8 por ciento, cifra que contrasta con el potencial de su posición estratégica en América del Norte y del reacomodo global de las cadenas productivas, lo que favoreció la llegada de inversión extranjera directa, señala un artículo publicado por el semanario inglés The Economist.

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Durante las últimas dos décadas, el crecimiento promedio anual del país se mantuvo cercano al 2 por ciento, lo que evidenció una tendencia estructural de bajo dinamismo económico que, en términos de ingreso per cápita, implicó un retroceso hacia niveles registrados en 2017, mientras la inversión nacional mostró señales de contracción sostenida, afirma el artículo titulado “México debe liberar su sector privado”.

El análisis ubicó como eje del problema factores internos más que presiones externas, pese a la incertidumbre generada por las políticas comerciales de Estados Unidos y las tensiones en torno al T-MEC, ya que las exportaciones mexicanas crecieron 7.6 por ciento y permitieron alcanzar el primer superávit comercial desde 2020.

La publicación señala que diversas reformas impulsadas desde 2018 por el partido gobernante modificaron el entorno institucional y económico, particularmente al debilitar organismos reguladores, fortalecer el control estatal en el sector energético y alterar esquemas judiciales, lo que incrementó la percepción de incertidumbre jurídica para la inversión privada.

El documento también identificó como un obstáculo estructural el tamaño de la economía informal, donde más de la mitad de la población ocupada se desempeñó sin acceso a mecanismos formales, situación que redujo la productividad y desincentivó la inversión.

Desde esa perspectiva, el sistema de seguridad social vinculado a la formalidad laboral fue señalado como un elemento que inhibió la transición hacia empleos formales, por lo que se planteó la necesidad de modificar su estructura hacia un esquema universal financiado mediante impuestos al consumo, acompañado de simplificación regulatoria y fiscal.

El sector energético apareció como otro punto crítico, debido a las restricciones al capital privado y a la limitada capacidad de inversión del Estado, lo que afectó la infraestructura eléctrica y, en consecuencia, la competitividad industrial en un momento clave para aprovechar el fenómeno de relocalización productiva.

Aunque se reconoció que México mantiene fundamentos macroeconómicos estables, como un banco central independiente, tipo de cambio flexible y política monetaria sólida, el riesgo identificado no es una crisis inmediata, sino la consolidación de un escenario de bajo crecimiento prolongado que podría limitar el desarrollo económico en el mediano plazo.

La estrategia gubernamental denominada Plan México fue mencionada como un intento por revertir esta tendencia mediante incentivos a la inversión, capacitación e innovación, sin embargo, el diagnóstico planteó que dichas medidas resultaron insuficientes si no se abordan las causas estructurales que restringen la participación del sector privado.

El análisis planteó que la capacidad política del actual gobierno podría convertirse en un factor determinante para impulsar reformas que favorezcan el crecimiento, al señalar que el país cuenta con condiciones externas favorables, pero enfrenta un desafío interno persistente que condiciona su desarrollo económico.