PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
El diputado local Martín Padilla denunció que el modus operandi del llamado Cartel Inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez está siendo trasladado a Miguel Hidalgo, donde hay un crecimiento explosivo de edificaciones.
Por ello, el legislador de Morena demandó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que las investigaciones que han iniciado contra ex funcionarios de Benito Juárez se extienda hacia Mauricio Tabe Echartea y demás personas servidoras públicas que hoy ocupan puestos directivos en la alcaldía Miguel Hidalgo y que, en su momento, hicieron equipo con Luis Vizcaíno Carmona en el gobierno en Benito Juárez y  presuntamente se asociaron en diversas empresas que sirvieron de fachada para puentear los actos irregulares.
Recordó que de 2009 a 2016, Luis “N” ocupó el cargo de director general de Jurídico y Gobierno de la demarcación Benito Juárez, período en cual se desarrolló lo que hoy conocemos como el Cártel Inmobiliario, que realizó innumerables desarrollos de vivienda con los cuales se beneficiaron sus arcas personales y, al parecer, también su grupo político cercano.
Recordó que estas construcciones irregulares ya cobraron la vida de dos personas, tras el desplome, por omisiones y negligencia de la autoridad, del edificio construido en Zapata 56, lo cual, sin duda, es un hecho que obliga a la autoridad competente a llevar las indagatorias hasta las últimas consecuencias.
El vicecoordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso capitalino afirmó que este modelo de enriquecimiento ilícito que se ha descubierto parece que ha transitado hacia la alcaldía Miguel Hidalgo, a través de personas cercanas al hoy imputado.
Agregó que Mauricio Tabe creció políticamente bajo el ala de Jorge Romero, quien fuera titular de la BJ, durante el periodo en que operó Luis “N”, contra quien ya se giró una orden de aprehensión.
El diputado Martín Padilla afirmó que el equipo de gobierno que acompaña a Tabe Echartea, está formado por funcionarios que colaboraron en BJ en el periodo de tiempo que se investiga e incluso también tienen en común ser socios de algunas empresas relacionadas con el giro inmobiliario.
Por citar algunos, dijo que César Orlando Garrido López, quien funge como director jurídico en Miguel Hidalgo ocupó el mismo cargo en dos periodos (2009-2012 / 2012-2015) en la Benito Juárez. “De hecho, en meses recientes en Miguel Hidalgo se han denunciado extorsiones a negocios o solicitudes de moches para agilizar trámites a vecinos, presuntamente, al amparo de la dirección jurídica de la demarcación”, insistió.
Dijo que otro caso, es el de Rodrigo Espina Miranda, quien a pesar de su inexperiencia, de acuerdo con su currículum disponible en el Portal Nacional de Transparencia, es director de área tipo “B” en Gobierno y Asuntos Jurídicos, con un sueldo que ronda los 50 mil pesos mensuales.
De hecho, Espina Miranda dice ser desarrollador independiente de proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento de inmuebles comerciales, particulares y corporativos, giro en el que precisamente se ha enfocado el llamado Cártel Inmobiliario del PAN.
“No podemos dejar de señalar el nombramiento de la esposa del alcalde, Laura Alejandra Soto Álvarez, quien en su paso por la alcaldía Benito Juárez fue acusada de desviar recursos en beneficio, nuevamente, de la campaña de su esposo, el entonces candidato Tabe Echartea”, acotó.
El legislador por Miguel Hidalgo reiteró su llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para realizar investigaciones exhaustivas que lleven a sancionar a los responsables y acabar con el entramado de corrupción que la cofradía panista en la CDMX ha logrado construir en más de una década.